Aníbal Acevedo Vilá

Tribuna Invitada

Por Aníbal Acevedo Vilá
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Vetos secretos y antidemocráticos

El titular de primera plana de este periódico, “Junta Fiscal anula $40 millones de Rosselló”, no lo dice todo.  La Junta no anuló esas asignaciones, sino que vetó 24 leyes que habían sido aprobadas siguiendo los procesos que establece nuestra Constitución, es decir, aprobación por mayoría en la Cámara y el Senado y la firma del gobernador.  Y los dineros no son de Rosselló, son del pueblo de Puerto Rico. 

La verdadera controversia no son los $40 millones ni para qué se iban o se van a usar, lo que es escandaloso es que la Junta vetó 24 leyes secretamente, sin discusión pública, sin que sepamos cómo votó cada miembro de la Junta y sin que ningún organismo gubernamental tenga la potestad de ir por encima de esa acción.

Imaginemos que la legislatura de Puerto Rico pudiese aprobar legislación en reuniones secretas y sin que se registre para el récord qué se discutió entre los legisladores y cómo votó cada cual.  Imaginemos que el gobernador pudiese vetar toda la legislación que se le presente, cuando le diera la gana, sin restricciones de tiempo para actuar y que la legislatura no pudiese hacer nada con esos vetos.  Si algo así ocurriera, el escándalo y le indignación serían inmensos, y con razón.  Pues eso es lo que acaba de hacer la Junta, pero en un país aturdido y vapuleado por tanto golpe a su sentido democrático y a su dignidad, no parece haber reacción, es como si estuviéramos en coma.

Con una carta escueta, de solo cinco párrafos, la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, vetó de un plumazo 24 leyes.  No hay récord público, no sabemos si hubo alguna reunión para discutir dicha acción, ni si el representante de Puerto Rico en esa Junta, Christian Sobrino, fue citado y/o participó.  ¿Se reunieron en persona? ¿Por teléfono?  ¿Hicieron un referéndum por WhatsApp? ¿Lo discutieron por correo electrónico? No sabemos si hay un informe o algún tipo de análisis, si hay minutas, actas o grabaciones del proceso deliberativo que llevó a esa decisión.  No sabemos cómo votó cada uno de los siete miembros de la Junta, ni cómo fue el proceso de votación, es decir, si fueron votando medida por medida (como se hace en todo proceso de aprobación de leyes) o si fue una decisión de vetarlas en bloque. 

En cualquier sistema democrático, una decisión como esa se tendría que tomar abiertamente y en el récord público.  Y en un verdadero sistema democrático de balance de poderes, tiene que haber un mecanismo para revocar y/o pedir revisión. Pero bajo Promesa nada de eso existe.

A los que todavía se atreven a defender la Junta, me gustaría escucharlos defender sus actuaciones.  El gobernador, Sobrino, la prensa y el país deben exigir que se hagan públicos todos los documentos, grabaciones, minutas, actas, emails, mensajes de texto y de WhatsApp que antecedieron y tienen que ver con esta decisión.  Y si insisten en mantener todo oculto, hay que recurrir al tribunal para exigir acceso y transparencia. 

Evidentemente, luego de que el Tribunal de Apelaciones de Boston declarara inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta y les diera 90 días de vida, sus siete miembros han decidido usar de manera aún más burda y obscena los poderes que les quedan.  Pero una cosa es que Promesa permita estas arbitrariedades antidemocráticas y otra es que nosotros, como pueblo, seamos cómplices con nuestro silencio.

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