Esther Vicente

Tribuna Invitada

Por Esther Vicente
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Violencia de género: responsabilidad colectiva

Todas las personas podemos aportar a atajar la violencia de género, particularmente la violencia en las relaciones de pareja ejercida contra las mujeres. 

El gobierno tiene la obligación primordial, específica e ineludible de ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra las mujeres. Pero, sabemos que antes de acercarse al sistema de justicia o a las agencias gubernamentales, las personas que confrontan esta violencia usualmente buscan ayuda y apoyo de sus familiares, amistades, vecindario, colegas y de integrantes de su comunidad religiosa. 

El consenso cultural existente sobre la masculinidad y el papel de las mujeres en las relaciones íntimas, el género y la familia está a la raíz de la respuesta inadecuada de los funcionarios públicos y de la comunidad a las violencias de género. Las creencias, las actitudes, las normas sociales sobre los roles y las visiones tradicionales que colocan – aún hoy día – a las mujeres en situación de subordinación, tienen que cambiar para que desaparezca la violencia de género. 

Las normas legales juegan un papel en este proceso, pero deben implantarse adecuadamente. En muchas ocasiones los encargados de hacer cumplir las leyes terminan abonando a las situaciones que atan a las mujeres a vivir en situaciones de violencia. A menudo ni siquiera se entiende la relación entre, por ejemplo, doctrinas jurisprudenciales y reglamentaciones de los tribunales que complican los procesos para acceder a las pensiones post-divorcio y las limitaciones que imponen a millares de mujeres que se mantienen en relaciones de pareja violentas porque de divorciarse terminarán en la pobreza extrema. Lamentablemente, muchas veces terminan asesinadas o con limitaciones funcionales causadas por la violencia que reciben.

Contamos con legislación y políticas públicas que si se pusieran en efecto adecuadamente reducirían el problema significativamente. Pero, existe una variedad de limitaciones en las respuestas gubernamentales, judiciales y comunitarias que las convierten en letra muerta. Entre otras, la desconexión entre los diversos actores gubernamentales y judiciales que participan en los procesos de acceso a la justicia, así como la existencia de actitudes discriminatorias que impiden la equidad para las mujeres, las niñas y las personas de orientación sexual o identidad de género diversas. 

Es indispensable promover un cambio cultural para que se generalicen en el País relaciones humanas armónicas y se desmoronen los patrones jerárquicos basados en concepciones tradicionales de género. La educación con perspectiva de género desde la escuela primaria, la formación continua de los operadores del sistema de justicia y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias asegurarían un cuadro de personas informadas y proveedoras de servicios a todos los involucrados y apoyos a quienes sufren la violencia. 

Igualmente imprescindible es que los líderes religiosos y políticos revisen sus discursos antagónicos al reconocimiento de los derechos de las mujeres, que constituyen una forma de violencia institucional.  En la medida en que se promueven ideas fundamentalistas contra el derecho de las mujeres a controlar sus vidas y sus cuerpos se alimenta la violencia de género. Hay una relación recíproca entre las propuestas para restringir los derechos de las mujeres, las medidas que disminuyen su capacidad de independencia económica y el aumento en la violencia de género.

La promoción de proyectos comunitarios localizados – comunidades de vecinos, de estudiantes, de colegas profesionales y co-trabajadores – podría constituir una avenida para promover cambios en el consenso cultural existente en torno a la masculinidad y al uso de la violencia. Estas comunidades pueden constituirse en alternativas de empoderamiento para las mujeres y proveer albergues y opciones para el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes sobreviven la violencia, sus hijos e hijas. El compromiso de los hombres con la creación de relaciones equitativas con sus parejas y con sus hijos e hijas es también necesario. 

La debida diligencia del estado en la implantación de los remedios legales y los servicios es importante para atender las necesidades confrontadas por las personas sobrevivientes de violencia. La educación y las actividades dirigidas al desarrollo de conciencia sobre la naturaleza y las causas de este problema son indispensables para garantizar respuestas adecuadas del colectivo social. 

El sistema de educación pública y el privado, las iglesias, las organizaciones cívicas y comunitarias, los centros de trabajo y los sindicatos, las instituciones universitarias y la comunidad académica, los medios de comunicación y las familias, así como cada una de las personas que convivimos en Puerto Rico compartimos la responsabilidad colectiva de convertir esta sociedad en una libre de violencias. Esta agenda es esencial e integral a la superación de las crisis financiera, económica, ambiental y colonial que nos arropan.

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