Jessica I. Torres Arce

Punto de vista

Por Jessica I. Torres Arce
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Violencia silenciosa: la enseñanza del COVID-19

La pobreza, la miseria, el hambre, el racismo, el discrimen, la contaminación, las guerras, el desmantelamiento de los servicios públicos, el uso de la justicia como instrumento de represión, la cuestión social, la desaparición del Estado de derecho, la corrupción, la violencia de género, el maltrato infantil, el fraude, el narcotráfico, el abuso de poder, la impunidad, la falsa democracia, son muestras de cómo se violentan los derechos humanos.

El Estado se ha encargado de tergiversar esta violencia, causando estigmatización y criminalización a las familias del país, enmascarando la verdad de nuestra realidad. Por muchos años nos han hecho creer que el problema somos nosotros. Han logrado que tomemos una posición de indiferencia y pasividad a las acciones nefastas del gobierno. Hemos vivido tan encerrados en nuestro círculo, alejados de la realidad, que no nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y conductas se han dirigido al individualismo.      

A este mal, Navarro (2016), le llama “violencia silenciosa”, definiéndolo como la indiferencia ante las condiciones de vida del sector más vulnerable. A mi parecer esta es la violencia más difícil de visibilizar y, por lo tanto, erradicar. Pienso que el COVID-19 ha venido a modificar los estándares de normalización de este tipo de violencia, para provocar un despertar de conciencia.

Muchas veces hemos criticado a aquellos que reciben el PAN porque no trabajan.  “Todos son unos vagos”, “que se ponga a trabajar”, son frases típicas que escuchamos en nuestro diario vivir. Pero no nos damos cuenta de que este pensamiento está enmarcado por una ideología de la clase dominante, que tiene como intención generar un “sentido común”, legitimando la explotación y la discriminación hacia las poblaciones más desventajadas. En todo caso, nos responsabiliza de nuestra pobreza. Un pensamiento muy común bajo un sistema capitalista.  “El pobre es pobre porque quiere”, dicen.

Pero el COVID-19, así como lo hizo tiempo atrás el huracán María, nos está enseñando que el pobre es pobre porque el sistema ha creado las condiciones para que siga siendo pobre. Ante la emergencia nos tocó a muchos/as tener que recurrir a las miserias que ofrece el gobierno, porque no nos da para vivir. Miserias que, al sol de hoy, no han llegado y que nos llevan a la desesperación porque no tenemos para sufragar nuestras necesidades básicas. Salimos a la calle a suplir estas necesidades, pero con miedo, no solo por temor al contagio, sino por la persecución policial. Nos responsabilizan de los contagios y nosotros mismos nos llamamos “inconscientes” e “irresponsables”. 

Creo que la mirada debe estar dirigida al gobierno que ha ofrecido directrices criminalizadoras. Al gobierno se le ha olvidado que, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sección 20, establece “el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Lo que me hace preguntarme: si es un derecho el disfrute de un nivel de vida adecuado, asegurando todos esos renglones, ¿dónde están los servicios que suplen nuestra alimentación y asistencia médica? ¿Dónde están los servicios sociales? Si ni siquiera los tienen incluidos en su “Task Force”.  

Que la indiferencia no nos ciegue a tal magnitud que no nos demos cuenta de quiénes realmente son el problema.  

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