Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Vistas de PROMESA en el tintero

La jueza Laura Taylor Swain, quien preside el tribunal de Título III bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) concluyó la semana pasada tres días de vistas con una agenda de 29 páginas. La atención se concentró en peticiones de los municipios y del fideicomiso de retiro de la Universidad de Puerto Rico solicitando inclusión en comités de acreedores. El fideicomiso universitario no pudo probar que el comité de acreedores actual no los representa “adecuadamente” y los municipios tampoco probaron que son acreedores del gobierno y que ameritan un comité especial. La denegatoria del tribunal a las dos peticiones parece legalmente correcta, aunque contraria a los peticionarios locales.

Un grupo de bonistas con garantías constitucionales (“general obligations bondholders”) atacó también la composición del comité de acreedores por habérsele excluido del mismo. Aquí se discutió el conflicto que causaría la membresía de los peticionarios en dicho comité, debido a la prioridad constitucional que estos alegan tener y el tribunal dejó pendiente su decisión.

También, estaba señalada una solicitud del comité de acreedores no asegurados para comenzar el descubrimiento de prueba contra el Banco Popular de Puerto Rico, Santander y el Banco Gubernamental de Fomento, en cuanto a la participación de los bancos en las emisiones de bonos. Esto se relaciona con el comunicado de prensa sorprendente emitido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el que se anunció su intención de investigar las emisiones de la deuda pública. La Junta no mencionó el número de años a investigar o si planifica una auditoría tipo forense. Es preocupante que la Junta haya negado hasta ahora la necesidad de una auditoría de la deuda, ya que la sección 104 (o) de PROMESA le permite investigar la venta de bonos al detal y los conflictos de los bancos y casas de inversiones. Además, la sección 413 de PROMESA protege los informes de la pasada comisión de auditoría de la deuda de Puerto Rico.

La Junta debe aclarar su posición sobre la investigación de la deuda y las razones que tiene para oponerse a la petición del comité de acreedores para el descubrimiento de prueba a los tres bancos y sus compañías afiliadas de inversiones.

Otra acción agresiva fue la solicitud de un grupo de bonistas para nombrar un síndico y pedir aumento de tarifas en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asunto fuertemente objetado por la Junta. En otro señalamiento, Peaje Investments alega protección especial para bonos emitidos por la Autoridad de Carreteras (“special revenue bonds”), a la vez que ataca el desvío de fondos de dicha agencia por ser una confiscación de sus bienes. Estos ataques constitucionales en defensa de la estructura financiera de los “special revenue bonds”, parecido a las reclamaciones de prioridad de los bonistas de Retiro y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) en otros adversarios radicados, son importantes porque van al corazón mismo del mercado de crédito de los Estados Unidos.

Pero, sin duda, el asunto más importante aprobado por la corte fue el procedimiento de mediación, foro donde ha sido referida la controversia sobre los fondos de COFINA y la prioridad de las obligaciones generales. Esto significa que gran parte de la deuda de Puerto Rico está en manos de cinco jueces mediadores.

En esta etapa, los fondos de bonistas podrían inclinarse a negociar su deuda por lo siguiente: Primero, la Junta envió un mensaje claro al limitar a $800 millones por año la amortización de los bonos en su Plan Fiscal certificado. La cantidad es menor que una cuarta parte de la suma de repago anual ($3.4 mil millones) requerida. Segundo, bajo PROMESA el tribunal puede imponer un recorte de deuda sustancial al aprobar el Plan de Ajuste final bajo un mecanismo del código de quiebra federal parecido al “cram-down”. Finalmente, la posibilidad de que sus créditos se puedan afectar por una investigación iniciada por un comité de acreedores agresivo contra los bancos debe servir de “incentivo” para llevar a los bonistas principales a buscar una solución consensual.

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