Liza Gallardo Martín

Punto de vista

Por Liza Gallardo Martín
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Viva la lucha contra la pena de muerte

A solo días de que Amnistía Internacional publique su informe anual sobre la pena de muerte el próximo 10 de abril, recibimos la noticia de que el Tribunal Federal denegó la petición de invalidar este castigo en Puerto Rico durante una audiencia en la que se escuchó a las partes en el caso de Juan Pedro Vidal, quien se expone a la pena capital. En este caso, el gobierno de Puerto Rico argumentó en contra de la aplicación de la pena de muerte en la esfera local. 

A pesar de que este castigo cruel está prohibido por la Constitución de Puerto Rico y aprobada por el Congreso de Estados Unidos bajo la Ley 600, el gobierno federal insiste en hacer uso de su poder represivo y aplicar la misma en algunos casos bajo su jurisdicción. Según un estudio de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, en un periodo de apenas cuatro años (2012-2015) un 20% de los juicios de pena de muerte celebrados en Estados Unidos fueron en la isla. El rechazo a la pena de muerte en Puerto Rico en los casos presentados en la esfera federal ha sido contundente. 

La aplicabilidad de la pena de muerte en los Estados Unidos y otras partes del mundo sigue siendo un acto de injusticia, tanto social como racial. Amnistía Internacional por años ha denunciado el constante papel que juega el discrimen; en el 96% de los estados en los que han habido estudios sobre la raza y la pena de muerte se encontró una pauta de discriminación por la raza de la víctima, o por la raza del acusado, o ambos según Death Penalty Information Center.

La decisión nefasta del juez Gustavo Gelpí enfatiza la importancia de que continuemos levantando nuestras voces en contra de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico y cualquier otro lugar del mundo. 

Además del caso en contra de Juan Pedro Vidal, está pendiente el nuevo juicio contra Alexis Candelario Santana. También hay otros casos de  puertorriqueños que están en espera de certificación por parte del Comité de Pena de Muerte en Washington. Este año en cualquier momento podríamos tener hasta tres casos de pena de muerte al mismo tiempo. El mensaje al gobierno federal, por parte de los puertorriqueños y puertorriqueñas, debe ser contundente en contra de este castigo abolido en la isla desde 1929. 

Amnistía Internacional se reafirma en su oposición  a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. Es un castigo cruel e inhumano, y no hay estudio alguno que demuestre su efectividad para combatir el crimen.

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