Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Vivito y coleando el nepotismo gubernamental

La contratación de parientes y dolientes en el gobierno ha sido y es una práctica deleznable que justifican los políticos de turno a través de todas las administraciones y que se ha acrecentado en los últimos cuatrienios.

El nepotismo se rechaza en todos los gobiernos del mundo, pero se hace patente en forma descarada mayormente en las dictaduras.

Por eso es triste ver cómo la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, que es la funcionaria a cargo de atajar este mal en Puerto Rico, justifica tan tranquilamente las 80 dispensas que otorgó en los primeros 11 meses de 2016, cuando recibió 87 solicitudes.

Según Rosario, dar paso a tantas solicitudes de dispensa relacionadas a la contratación de parientes en menos de un año es “nada” si se compara con el total de cerca de 200,000 empleados públicos que hay en Puerto Rico. Eso es demagogia pura y pinta para violar el espíritu de la ley, pues poca rigurosidad puede haber en la aprobación del 90% de las peticiones recibidas de enero a noviembre de 2016.

Pero no nos concentremos en el nepotismo que se practica en el gobierno central y en los municipios, que es mucho y malo, y examinemos el que ocurre sistemáticamente en la Legislatura.

No fue hasta principios de los años ochenta del siglo pasado que en la Asamblea Legislativa se comenzó a actuar contra esta práctica de favoritismo hacia familiares de funcionarios electos y designados de la Cámara de Representantes y el Senado.

Fue en 1982 cuando explotó el llamado “escándalo de las nóminas” en la Legislatura, que tuvo su punto de partida en la contratación de esposas de representantes de los partidos de mayoría, quienes rebajaban el salario de los empleados para aumentárselo a sus cónyuges.

La defensa a capa y espada que el entonces presidente cameral Severo Colberg Ramírez, ya fallecido, lanzó para justificar la mala práctica le costó que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico lo declarara “enemigo de la prensa” por obstaculizar las pesquisas sobre el escándalo en que se volcaron los medios de comunicación del País.

La ASSPRO exigió al gobierno establecer un auténtico sistema de mérito en el servicio público, libre de nepotismo y otras inmoralidades, e implantar un mecanismo que facilitara a los medios de prensa obtener información clasificada como pública.

Dicho escándalo sirvió para que no solo se abrieran para escrutinio las nóminas legislativas sino que, además, surgió reglamentación contra el nepotismo en la Legislatura para acabar con el empleo de cónyuges y familiares inmediatos de los legisladores.

Sin embargo, con el devenir de los años, hemos retornado a las malas mañas, ya que es cuesta arriba lograr que las nóminas de la Asamblea Legislativa se hagan públicas y el nepotismo sigue vigente, abierta o veladamente.

Podemos concluir que lo logrado en la década del ochenta del siglo pasado en la Legislatura fue un sueño de una nochede verano.

Vemos también que el nepotismo sigue rampante en los municipios y uno de los casos más sonados es el de Guaynabo, donde la nuera del alcalde penepé Héctor O’Neill estaba al frente de la Oficina de Recursos Humanos, lo que tenía que resultar intimidante para cualquier empleado que acudiera a esa dependencia en busca de auxilio para algún agravio.

Como nota al calce, debemos preguntarnos por qué ha puesto la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en entredicho el liderato de su jefe, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que ha exigido reiteradamente la renuncia de O’Neill a la alcaldía por los casos de hostigamiento y agresión sexual a los que se le vincula.

¿Habrá pesado tanto su conocida amistad con el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, íntimo amigo y defensor de O’Neill?

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