Ismael Torres

Tribuna Invitada

Por Ismael Torres
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Washington y estadidad: saldo de 2018

Es posible que antes que termine este cuatrienio, en diciembre de 2020, desde Washington recibamos señales que indiquen por dónde anda el supuesto interés del gobierno de Estados Unidos por otorgarle la estadidad a Puerto Rico, ya que hasta ahora nada se ha visto.

La comisionada residente, Jenniffer González, ha hecho unas cuantas gestiones sin mucho éxito para llamar la atención de la clase política norteamericana para que atienda los deseos de los partidarios de la estadidad para Puerto Rico y se encamine un proceso para conseguirla.

El cuatrienio comenzó con gestiones firmes de la comisionada gonzález para atraer la atención de congresistas como Bob Bishop, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene a su cargo los asuntos de Puerto Rico. Pero eso no pasó de gestos sin nada concreto.

La Cámara de Representantes levantó sus trabajos de este cuatrienio sin que Bishop tan siquiera hiciera una vista pública sobre el proyecto pro estadidad radicado por González y alimentado por el sector estadista en Puerto Rico.

Al momento en que escribimos estos comentarios no tenemos noticias reales sobre las gestiones y resultados de la Comisión de la Igualdad, creada por el gobernador Ricardo Rosselló para promover activamente la estadidad en los centros de poder político de los Estados Unidos.

El congresista Bishop deja en estos días la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales con un gesto simbólico de un proyecto pro estadidad, que aquí en Puerto Rico no ha tenido acogida, pues echa por la borda la idea que venía promoviendo el movimiento pro estadista de que ya los puertorriqueño han apoyado mayoritariamente en dos consultas la estadidad para Puerto Rico.

La Comisión de la Igualdad, encabezada por el exgobernador Pedro Rosselló y el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, no da muestras de efectividad. Su gestión para impactar a la clase política norteamericana no parece tener buenos resultados.

Lo único que ha quedado pendiente en la agenda legislativa del Congreso son asuntos relativos a la Autoridad de Energía Eléctrica con el fin de despolitizarla y buscar que mejore el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Pero en cuanto a su proyecto de status político para crear un Grupo de Trabajo del Congreso que proponga un proceso de transición hacia la estadidad para enero de 2021, todo se quedó sobre la mesa porque ni hubo audiencias ni se llevó a votación del pleno de la Cámara como era el deseo de la comisionada. 

En el Senado la cosa se ve peor para las gestiones pro estadidad, ya que las gestiones en ese foro se dejaron en manos de la Comisión de la Igualdad.

Desde principios de año, el senador republicano Marco Rubio (Florida), el principal aliado de los republicanos de Puerto Rico  en el Senado, advirtió que no tiene los votos para echar hacia adelante la propuesta de estadidad en ese cuerpo legislativo.

A eso se suma la orden de la Junta territorial de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas públicas de la isla, al gobernador Rosselló de eliminar del plan fiscal toda referencia a la estadidad.  La comisionada residente protestó y destacó que la Ley Promesa “establece que la Junta no puede interferir con el futuro status político de la isla”.

Pero al retomar los trabajos legislativos, tanto el Senado como la Cámara, aprobaron un proyecto de asignaciones agrícolas en el que prohibieron las peleas de gallos en todo Estados Unidos, además de las advertencias que ha hecho el propio presidente Donald Trump sobre la erogación de fondos para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María y la incapacidad del gobierno puertorriqueño para manejarlos.

Es en ese ambiente de desconfianza hacia la clase política y el gobierno de Puerto Rico que el gobernador Rosselló, su Partido Nuevo Progresista y la Comisión de la Igualdad navegan en Washington para lograr apoyo para la estadidad para Puerto Rico, ya que el nuevo liderato de la Cámara federal, entre otras cosas, tiene una agenda que no incluye gestiones sobre el status político de la isla.

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