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El plan de seguridad marítima requiere refuerzos sólidos

El asesinato de un agente federal durante un operativo del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, a 14 millas náuticas de la costa de Cabo Rojo, es trágica evidencia del alto nivel de temeridad y desafío de los maleantes que utilizan las zonas marítimas para cometer las más atroces fechorías relacionadas con el narcotráfico.

El Caribe es zona de alta actividad de contrabando, sobre todo de drogas en ruta a Estados Unidos, al punto que en la década de 1990, Puerto Rico y las Islas Vírgenes fueron declaradas Área de Alta Incidencia de Tráfico de Drogas (HIDTA).

El ataque con saldo de dos muertes y varios heridos ocurrido el jueves en altamar, a plena luz del día, plantea interrogantes sobre el estado de los recursos federales y locales para enfrentar la oleada permanente, y probablemente creciente, de crímenes con elementos internacionales muy armados.

El suceso relacionado con tráfico de cocaína es objeto de una pesquisa encabezada por el Negociado Federal de Investigaciones que ya produjo acusaciones. Lamentablemente, las organizaciones dedicadas al trasiego de sustancias controladas en zonas del océano Atlántico y del mar Caribe emplean a personas que portan armas potentes y que están dispuestas a desafiar los operativos mediante los cuales las autoridades de ley y orden buscan ponerles freno a actividades de contrabando. Uno de los ocupantes de la embarcación detectada como sospechosa durante una ronda rutinaria también pereció en el intercambio de disparos.

El tiroteo con el saldo de dos muertos y tres personas heridas, estas últimas dos agentes federales y un ocupante de la nave intervenida, se produjo a eso de las 6:00 a.m. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, tan pronto los patrulleros dieron la orden de detención, los tripulantes comenzaron a disparar y los agentes repelieron la agresión.

Las actividades de los narcotraficantes que utilizan a Puerto Rico como puerto de transbordo de cargamentos dirigidos a Estados Unidos son fuente de mucha de la inseguridad en nuestra isla. La Policía considera que gran parte de los delitos violentos, como asesinatos y atracos, se vincula a la venta o consumo de drogas. Dado el referido incidente letal, es preciso revisar y poner al día las estrategias de las agencias federales y locales responsables de intervenir, procesar y castigar a los criminales que tanto daño hacen a la sociedad.

De 2000 a 2020, en Puerto Rico se registraron 17,400 asesinatos, la mayoría asociada al crimen organizado. En 2021 esos delitos ascendieron a 616, o sea, 72 más que el año previo. En lo que va de 2022, la estadística preliminar de la Policía refleja que 508 personas han sido asesinadas. La agencia estima que el 60% de esos crímenes se vincula al trasiego de drogas.

Las autoridades policiacas han defendido reiteradamente su plan integrado contra el narcotráfico, que incluye el apoyo de agencias federales. Sin embargo, eventos recientes apuntan a la pertinencia de realizar ajustes.

Al respecto, el ejecutivo reclamó esta semana “arreciar más el paso”, sobre todo para neutralizar los puntos de venta de drogas. El señalamiento surgió tras el asesinato de un joven teniente de la Reserva del Ejército que se entiende transitó por un sector de Ponce controlado por miembros de un punto de drogas. En ciertas comunidades, hay pandilleros que intimidan a residentes e incluso regulan actividades cotidianas. Es tarea de las autoridades castigar a los narcos para también liberar a los vecindarios del yugo que pretende perpetuar la delincuencia.

Erradicar la violencia asociada al trasiego de drogas requiere más recursos federales que trabajen en coordinación con la Policía y el Departamento de Justicia, entre otras agencias estatales. La Fortaleza anunció gestiones al respecto el pasado verano, pero no se han materializado.

Mientras tanto, será propio dar continuidad a los operativos conjuntos de agentes federales y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), que en los pasados 10 meses han incautado aquí 17,500 kilos de cocaína.

Todos esos esfuerzos deben coexistir con una política pública de enfoque salubrista y preventivo para limitar la demanda de drogas. Ello debe incluir tratamientos efectivos contra la adicción y más oportunidades de empleo para desertores escolares y otros jóvenes en riesgo. El objetivo amplio es promover la paz social, desalentando el consumo que nutre al narcotráfico.

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