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La sociedad entera en alerta mayor contra secuestros

El secuestro de una mujer, y en un espacio de la cotidianidad como lo es un laboratorio de pruebas médicas, debe despertar las alertas máximas, tanto de las entidades de ley y orden, como de la ciudadanía.

El incidente ocurrido en Humacao, que merece investigación rigurosa por parte de las autoridades, también reflejó el efecto positivo de la Alerta Rosa, gracias a la diligente colaboración ciudadana y la respuesta rápida de personal policiaco.

Será pertinente, no obstante, revisar el protocolo sobre la activación de la alerta de divulgación masiva de información sobre personas desaparecidas o víctimas de un secuestro, a fin de constatar si, en este caso, se cumplió con todas las directrices de la ley aprobada en 2019 y con su reglamento.

El estatuto, en vigor desde el año pasado, se centra en un programa de participación voluntaria de las empresas de telecomunicaciones. Queda a discreción de las compañías integrarse al sistema para divulgar los mensajes que podrían ayudar a proteger a una persona en peligro.

El Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público informó que no pueden amonestar a empresas que el miércoles no divulgaron los anuncios públicos sobre el secuestro en Humacao porque emitir la Alerta Rosa es un acto voluntario.

En Puerto Rico se han aprobado leyes sobre la emisión de otras alertas de emergencia: la Amber se usa para dar con el paradero de niños desaparecidos, y la Silver ayuda a localizar personas con Alzheimer. Conviene revisar las legislaciones para auscultar si es preciso afinarlas para ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos.

En el caso de los secuestros, es pertinente orientar a la población sobre las condiciones de activación de la alerta Rosa. Es importante saber que, en casos de reclamaciones monetarias u otras circunstancias en las que la divulgación de información implique poner en mayor riesgo la vida de una persona, el citado mecanismo no procede. Las situaciones delictivas en las que haya rehenes requieren un manejo policiaco confidencial para proteger al máximo la vida de las víctimas.

De 2015 a 2020, la Policía registró en Puerto Rico ocho secuestros con reclamaciones monetarias. Para los últimos 25 años, la agencia tiene documentados 149 secuestros, de los cuales 124 figuran como esclarecidos en investigaciones que condujeron al arresto y a la acusación de 140 personas.

Aunque se trata de un crimen cuya incidencia no ha sido tan frecuente como la de otros delitos graves, el secuestro en Humacao obliga a reforzar la respuesta estratégica de la Policía para evitar la proliferación de delitos que ponen en alto riesgo a la víctima.

En casos de secuestro en un carjacking, como el denunciado en Humacao, la intervención de las autoridades federales debe representar la oportunidad para que más agentes estatales puedan integrarse a programas de colaboración para combatir estos crímenes.

Cuando los raptos no estén vinculados al crimen organizado, sino que se deriven de violencia intrafamiliar, adicción a sustancias controladas o condiciones mentales, el Estado debe responder con programas de enfoque salubrista, y con la penalidad que aplicase.

El secuestro no puede convertirse en otra modalidad delictiva recurrente en Puerto Rico, mucho menos en espacios en los que concurren personas con condiciones de salud. Es preciso que las autoridades se afanen por identificar y frenar a todo delincuente, y que un secuestro no se convierta en una entrada frecuente más en el libro de novedades policiacas.

En ese empeño, las entidades de ley y orden deben contar con la colaboración de los ciudadanos y de los distintos sectores comunitarios, sociales y económicos.

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