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Lecciones de la experiencia de los cierres de escuelas

Las serias deficiencias acumuladas durante la experiencia de una década de cierre de escuelas públicas en Puerto Rico, reveladas en un reciente estudio realizado por prestigiosas entidades, obligan a revisar con la mayor seriedad los mecanismos de implantación de políticas públicas que afecten a las comunidades escolares.

El examen de decisiones de tanta trascendencia debe conducir al rompimiento de la cadena de desaciertos gubernamentales que habrían privado de oportunidades de desarrollo a nuestros niños y adolescentes, empujándolos hacia la pobreza y la marginación.

Preocupa que la falta de rigurosidad en la evaluación de las particularidades definitorias de las comunidades escolares haya conducido a decisiones que, en la práctica, se distanciaron del objetivo de costo efectividad educativa y fiscal. Más grave aún es el entorpecimiento del bienestar de quienes son realmente el corazón del sistema escolar: los estudiantes.

A ello se suma la inacción gubernamental para encaminar el reúso productivo de las estructuras escolares desalojadas, y las consecuentes pérdidas para las arcas públicas.

El estudio sobre impactos asociados al cierre de 673 escuelas públicas en dos cuatrienios consecutivos, realizado por el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y la Universidad de California en Berkeley, abre la puerta a la consideración de iniciativas para promover mejores oportunidades educativas para los alumnos de comunidades donde ubican muchas de las estructuras en desuso. El objetivo es poner fin al incumplimiento, por parte del Departamento de Educación, de su misión esencial de potencializar el desarrollo integral del estudiante como valor individual y social.

El Estado debe asumir la tarea de impulsar desarrollos óptimos en los planteles clausurados. De acuerdo con el estudio Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones, solo se ha encaminado el reúso del 18% de las estructuras escolares cerradas. Las restantes, algunas en buenas condiciones, están expuestas al vandalismo y al deterioro acelerado.

El estudio señala que, de 438 escuelas cerradas en este cuatrienio, solo 10 han sido vendidas. Destaca, por otro lado, que el 48% de los planteles clausurados se encuentra en óptimas condiciones, por lo que su reutilización implicaría inversiones mínimas de limpieza, pintura y reacondicionamiento de áreas verdes. Esas estructuras deben tener prioridad en los esfuerzos gubernamentales para alcanzar beneficios económicos o sociales.

Conviene una respuesta ágil, pero rigurosa, que permita al gobierno promover proyectos nuevos, sin ignorar las necesidades de las comunidades. Esos cambios deben estar sujetos a la rendición de cuentas.

Los candidatos que aspiran a gobernar a partir de enero deben evaluar las deficiencias notables de los procesos relativos a la clausura de escuelas, teniendo en cuenta, entre otros factores, la realidad pandémica del COVID-19 que, en determinados casos, requiere espacios amplios para distanciamiento físico. Estas estructuras pueden ser opciones empresariales y comunitarias.

Estos bienes públicos, algunos de valor arquitectónico e histórico, pudieran transformarse en instalaciones deportivas, recreativas o para el desarrollo de pequeños negocios, incluidos proyectos agrícolas.

Las iniciativas escogidas para frenar la improductividad de valiosa infraestructura gubernamental deben responder a parámetros de eficiencia, tanto en lo social como en lo económico.

El saldo actual no refleja de manera alguna la apertura a proyectos innovadores que apelen a la variedad de sectores dispuestos a invertir en el desarrollo de los vecindarios donde enclavan las estructuras escolares desalojadas. La oportunidad debe extenderse también a las organizaciones sin fines de lucro, un componente socioeconómico que cuenta con experiencia probada en iniciativas que aportan a una mejor calidad de vida en las comunidades.

Se impone diseñar y ejecutar con voluntad una estrategia para la revitalización educativa y económica de las comunidades afectadas por los cierres escolares desarticulados, como parte de la necesaria transformación social y económica de Puerto Rico.