Las personas que manejan vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes incurren en una conducta antisocial y criminal que representa una amenaza de primer orden contra la seguridad pública, como establece la Ley de Tránsito de Puerto Rico. El alza en los choques graves y letales causados por conductores ebrios obliga a tomar medidas adicionales que prevengan más desgracias.