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Acción institucional y cívica contra el odio

Las instituciones públicas y privadas, y los ciudadanos, estamos llamados a construir un frente sólido contra la cultura de odio e intolerancia a la diversidad que, en Estados Unidos y otros países, alimenta ataques desalmados que tronchan vidas en plena cotidianidad social, para horror de familias y comunidades.

La sociedad estadounidense enfrenta con alarmante frecuencia tiroteos en centros comerciales, templos, escuelas y otros lugares que tienen alta expectativa de seguridad. En estas expresiones de odio o de desequilibrio mental media el fácil acceso legal a armas de fuego.

Con menos de 24 horas de diferencia, sendas tragedias causaron la muerte de 29 personas y dejaron a decenas de heridos, el pasado fin de semana en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio.

Patrick Crusius, un joven supremacista blanco, asesinó a 22 personas, incluidos un bebé de un año y un anciano de 80, en un centro comercial en El Paso, donde el 80% de los 700,000 habitantes es hispano. Su objetivo era frenar “la invasión hispana” y “el reemplazo de la gente de raza blanca por extranjeros”, de acuerdo con un manifiesto que la Policía vincula con el atacante.

El sábado de compras preescolares convertido en un infierno de odio no puede repetirse. Esta horrenda expresión xenofóbica, que se suma a una reciente cadena de eventos similares en Estados Unidos, obliga a los individuos, las comunidades, y a los gobiernos estatales y federal, a poner coto a toda actitud, conducta o política que fomenten el racismo y el crimen de odio.

Otros 20 sucesos similares han cobrado 96 vidas a lo largo del año, sin que las autoridades gubernamentales hayan tomado medidas significativas para prevenirlos.

Los brutales ataques sacan a la superficie otros dos grandes problemas que requieren soluciones firmes pero sensibles en Estados Unidos.

Uno de ellos es el movimiento migratorio ilegal que ha hecho crisis en los centros de detención en el límite territorial con México. Estados Unidos, en diálogo con los países centroamericanos, necesita generar políticas públicas integrales para controlar la migración ilegal, sin ignorar el trato humano a quienes cruzan la frontera, huyendo de la violencia y la miseria de sus países.

La reforma migratoria también debe atender la situación de los residentes ilegales que han hecho de Estados Unidos su hogar y lugar de trabajo de forma honrada. El reconocimiento de sus aportaciones debería sustituir la retórica de rechazo que pudiera estimular la intolerancia e incentivar conductas agresivas que no deben tener cabida en la democracia.

Estas manifestaciones de violencia enfatizan el problema del fácil acceso a las armas, incluidas las de largo alcance. Tanto Crusius como el imputado por la masacre del domingo en Dayton, Ohio, Connor Betts, de 24 años, atacaron con armas y abundantes municiones. Ese ha sido el patrón de matanzas previas en Estados Unidos.

Amnistía Internacional expone que, desde el asesinato de 20 niños y seis adultos en la escuela Sandy Hook en 2012 en Connecticut, en Estados Unidos se han presentado más de cien proyectos de ley que buscan establecer controles a la adquisición y posesión de armas. Pero no se ha aprobado ninguna medida significativa.

Ante los actos recientes, el presidente Donald Trump parece haber suavizado su postura de absoluto respaldo a las leyes que facilitan el acceso a las armas. Como en el pasado, el mandatario atribuyó las masacres a problemas de salud mental de los perpetradores, pero esta vez señaló que había hablado con los gobernadores de Texas y Ohio, así como con el fiscal general William Barr y miembros del Congreso, para auscultar medidas dirigidas a frenar la violencia con armas de fuego.

La propuesta presidencial de revisar los antecedentes de los interesados en adquirir armas es apenas un paso en el cúmulo de acciones legales y educativas con las que las instituciones públicas y privadas, y la ciudadanía en Estados Unidos, deberían prevenir estas tragedias.

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