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Acción para proteger la identidad de los ancianos

Los familiares y cuidadores de adultos de edad avanzada deben asumir cautelas para evitar que los ancianos sean blanco de estafadores que usan el número de Seguro Social y otros datos confidenciales para acceder a cuentas bancarias ajenas y realizar transacciones fraudulentas.

En Puerto Rico, el Seguro Social representa el único ingreso de miles de ancianos. Ese dinero, producto del fruto de su trabajo por largos años, hoy es esencial para la compra de alimentos y medicamentos. Perderlo afecta la estabilidad de los beneficiarios del Seguro Social, que en la isla suman 847,488.

Por ello, el gobierno, la banca, la empresa privada y las organizaciones del Tercer Sector deben procurar también mayor colaboración para combatir de forma eficaz el fraude que se vale del número del Seguro Social. Una modalidad frecuente es el timo telefónico dirigido principalmente a los adultos mayores.

La Administración del Seguro Social advirtió recientemente que los delincuentes suelen pedir información personal mediante mensajes grabados o de texto, entre otras tácticas. En demasiadas ocasiones, algunas personas divulgan sus números u otros datos, lo cual facilita el robo de identidad para efectuar compras y otras transacciones fraudulentas.

Las actividades asociadas a impostores representan pérdidas millonarias para el Seguro Social, para otras agencias federales y estatales, y para las instituciones financieras. Los timos causan pérdidas económicas de magnitud diversa a cada víctima, que además se expone a no poder costear servicios esenciales para su bienestar.

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada informó a la legislatura que solo en 2016 hubo 1,714 casos de sospecha de explotación financiera referidos por cinco bancos comerciales a las autoridades estatales. En los primeros cuatro meses del año siguiente, se habían referido otros 500 casos.

La educación de los adultos mayores, así como de sus familiares o cuidadores, es clave para evitar el robo de identidad cuando un timador obtiene el número de Seguro Social, el código de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias, entre otros datos. Urge orientar sobre las tácticas y timos de los estafadores.

Para evitar que mediante llamadas u otros acercamientos los ancianos suministren sus datos, conviene fomentarles un escepticismo saludable. Es preciso que sepan a qué entidades acudir para denunciar llamadas sospechosas o procurar acción para interceptar y procesar a delincuentes. Por ejemplo, AARP incluye en su página en línea consejos para lograr un mayor nivel de seguridad personal, proteger bienes y desarrollar relaciones con las autoridades que investigan estos casos. La organización tiene una Red Antifraude que ofrece avisos de vigilancia en tiempo real sobre modalidades de estafas.

Una propuesta legislativa busca fortalecer la educación como escudo primario contra este tipo de delito y propone otras medidas contra la explotación financiera de los adultos mayores. El Proyecto del Senado 1409 contiene iniciativas para mejorar los protocolos de detección e intervención en timos asociados al robo de identidad de ancianos que sufren el robo de su dinero mediante retiros o compras no autorizadas.

La medida consiga la importancia de adoptar una política pública de educación, capacitación y colaboración del personal del Departamento de Justicia y otras agencias estatales que ofrecen servicios a los ancianos. La vulnerabilidad de estos aumenta si tienen una limitación cognoscitiva o ciertas condiciones de salud.

La aspiración es mejorar la capacitación del personal gubernamental de las agencias de servicio a los ancianos y fortalecer la colaboración interagencial para lograr mejor respuesta ante este serio problema. El bloqueo a los impostores se complementaría con educación efectiva para poner en condición de alerta defensiva a la población en riesgo y a sus allegados.

El robo de identidad y otras prácticas de explotación financiera empobrecen y afectan emocionalmente a los ancianos. Puerto Rico tiene que proteger este sector poblacional mejorando la acción preventiva e investigativa que limitará la impunidad de quienes cometen esas desalmadas actividades criminales.

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