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Administrar los fondos federales con eficiencia

La práctica de no utilizar a tiempo partidas millonarias federales, que son asignadas en muchos casos para atender a poblaciones vulnerables, obliga a revisar los procedimientos gerenciales de las dependencias estatales que incurren en esa ineficiencia en Puerto Rico.

Es contrario al interés público que dineros destinados a servicios especializados en salud o educación, por ejemplo, no se inviertan en los términos fiscales correspondientes. El problema, en ciertos casos, parece estar vinculado a falta de diligencia administrativa, abonada con procesos burocráticos que estancan trámites sencillos, entre otras fallas. Es preciso revisar tales dinámicas para alcanzar eficiencia en el uso de los recursos federales, sobre todo en tiempos de graves insuficiencias presupuestarias.

Se proyecta como una gran contradicción que partidas sustanciales no sean utilizadas, mientras amplios sectores de la población manifiestan la ausencia de servicios, equipo u apoyo importante en terapias, transporte u otros renglones vitales para menores, ancianos o ciudadanos con condiciones de salud mental.

Información publicada por este medio sobre la situación en la División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del Departamento de Salud, documenta la no utilización de $5.3 millones en 2016; $5.1 millones en 2017; $5.2 millones en 2018; y $4 millones en el año en curso. Se trata de casi $20 millones en fondos federales asignados para servicios a ciudadanos que están impedidos de reclamar por sí mismos la atención esencial que necesitan para tener calidad de vida.

La situación desglosada en esa división del Departamento de Salud implica incumplimiento a órdenes del Tribunal Federal sobre estipulaciones para garantizar servicios a personas con discapacidad intelectual. La Corte ha establecido que los fondos federales asignados a la DSPDI tienen que utilizarse por completo y que no deben reducirse partidas para no afectar los servicios. El gobierno tiene hasta el 18 de octubre para responder ante el foro judicial sobre este asunto.

Lo que previamente se ha descrito sobre el Departamento de Salud se ha repetido en otras entidades estatales con sus variantes. La mayoría ha resultado en pérdida de fondos porque no son utilizados o no son reclamados según las estipulaciones federales.

En el Departamento de Educación, la pérdida de confianza asociada al manejo deficiente de fondos federales ha propiciado la reciente congelación de $1,535 millones. Estos recursos son esenciales para subvencionar la operación del Programa de Educación Especial, entre otros servicios a los que los estudiantes tienen derecho. El freno al desembolso de la sustancial partida surge ante la falta de acción inmediata para cumplir con la orden federal de asignar un síndico externo para el manejo de los dineros.

Al margen de las particularidades en las deficiencias de determinada agencia para el manejo certero de los fondos federales, un resultado indeseado es que la pérdida de dineros no usados podría pesar sobre la asignación de nuevas partidas.

El gobierno de Puerto Rico tiene que poner coto a las incongruencias en la administración de recursos federales, y de los igualmente preciados fondos estatales, para recuperar la credibilidad que facilitará desembolsos válidos constantes y la continuidad de servicios cuya necesidad no quede en entredicho. Ese avance indispensable debe reflejar también la estabilidad en los equipos profesionales responsables del manejo preciso de cada presupuesto.

Por ello, es momento de reforzar el entrenamiento del personal estatal a cargo de las tareas vinculadas a los fondos estatales y federales. Su deber es atender de forma certera los trámites relacionados con la administración de cada centavo de las arcas públicas. El objetivo esencial es lograr el uso a tiempo de los fondos, con el mayor rendimiento.

La importante afinación en este renglón de la administración pública será clave para garantizar un mayor bienestar ciudadano, mientras se evidencia a las autoridades federales la capacidad profesional de los equipos estatales, como paso fundamental para la credibilidad del gobierno de Puerto Rico.


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