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A garantizar transparencia en Reforma de la Policía

La negativa a que el Tribunal Federal haga público el informe más reciente sobre la Reforma de la Policía acusa un patrón consistente de este cuerpo de menospreciar nuestro sistema democrático, además de contradecir el compromiso de transparencia que el propio gobierno proclama.

Con su objeción sin que medien razones y con un nuevo pedido de prórroga para cumplir con otra orden judicial, la obstaculización recurrente de la Policía al proceso de Reforma, señalada por el propio Tribunal Federal, les niega a los ciudadanos contar con un organismo de seguridad dispuesto a adoptar las mejores prácticas para proteger sus derechos.

En enero pasado, el juez federal Gustavo Gelpí había consignado su preocupación por tardanzas constantes de la Policía en cumplir con requerimientos del monitor federal. En una orden del 13 de enero, Gelpí calificó como inexcusable que el gobierno no responda a las solicitudes de información ni siquiera de manera parcial.

Con una sombra de sospecha sobre sí, que pesa más tras el manejo inaceptable de la jefatura de Seguridad sobre la cifra oficial de muertos tras el huracán, es hora de que el gobernador Ricardo Rosselló pida cuentas y ordene el cumplimiento cabal de la Policía con el tribunal y con los ciudadanos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos avala que se divulgue el séptimo informe sometido por el Asesor de Cumplimiento Técnico, nombrado por la corte federal. Tanto Justicia como el monitor sostienen que no hay razón alguna para mantenerlo en “modo restringido”. El gobierno se negó el lunes. Tiene hasta el 10 de julio para explicar su renuencia.

De las mociones y órdenes sobre el caso, las partes han acordado divulgar 22 documentos y mantener 17 confidenciales. No obstante, disienten sobre el citado informe radicado el pasado 6 de junio. Una versión parcial de dicho informe, presentada en enero, apunta a que la creación del Departamento de Seguridad Pública impactó de forma negativa la cadena de mando en la Policía. El señalamiento quedó dramatizado con la renuncia de la comisionada Michelle Hernández Fraley.

Previamente, el monitor había identificado fallas en el plan policial para las manifestaciones del 1 de mayo de 2017, cuando hubo enfrentamientos entre agentes y manifestantes.

La Reforma surgió de la confirmación de que la Policía mantenía un patrón de violaciones a derechos. Una investigación de Justicia federal, que tomó tres años —de 2008 a 2011—, concluyó que hacía uso de fuerza excesiva y hacía registros y allanamientos irrazonables, al punto de plantar evidencia. Ambas prácticas violan la Cuarta Enmienda de la Constitución federal. La pesquisa también confirmó el uso de fuerza irrazonable y otras conductas impropias para suprimir el ejercicio de libre expresión protegido por la Primera Enmienda de la Constitución federal.

Para frenar las violaciones, el Tribunal Federal autorizó que Justicia federal trabaje con la Policía la implantación de cambios culturales, operacionales, estructurales, investigativos y educativos sostenibles que mejoren las políticas y prácticas de la agencia. Se le impusieron 301 requerimientos divididos en 11 áreas de cumplimiento para asegurar que se protejan los derechos de los ciudadanos.

Pero la jefatura de la Policía da un pésimo ejemplo del cumplimiento que está llamado a modelar. De nuevo han pedido 60 días más para someter un nuevo plan que debió presentar el 30 de junio. Esta vez, se le ordenó presentar un plan para relocalizar personal tras demostrarse un desbalance en la distribución de sus empleados. En su decisión de enero, el juez Gelpí advirtió que las demoras pueden tener el efecto no deseado de detener la reforma.

Justo cuando la credibilidad de la Policía, como la del gobierno, sigue cuestionada, se impone que reconsidere su obstinación en la secretividad y la dilación. Es insostenible que la Policía se rehúse a cumplir con la reforma encomendada para reforzar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. El respeto a los derechos de los ciudadanos, incluida la transparencia, aseguran el desarrollo de una sociedad verdaderamente democrática.

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