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A incrementar la presión por la salud del País

Con el fantasma de la insolvencia a cuestas, los servicios de salud de los puertorriqueños podrían confrontar próximamente un nuevo disloque si no se logra detener una determinación federal que reduciría en un 11% los fondos de Medicare y Medicaid que recibe el País.

Mediante un mayor fortalecimiento de la gestión de una alianza multisectorial puertorriqueña ante Washington, esa determinación debe ser revertida, porque si como se anticipa entra en vigor en 2016 se perderían unos $300 millones en fondos federales y hasta 250,000 beneficiarios del programa Medicare Platino que administran las aseguradoras privadas podrían emigrar hacia el atribulado Plan de Salud del Gobierno, que confronta una crisis financiera propia, al disminuir los recursos que actualmente recibe.

Como si no fuera suficiente, tal escenario empeoraría aún más las proyecciones que colocan Puerto Rico haciéndose cargo de mantener por completo el plan de salud gubernamental una vez se agoten los $6,300 millones que se le asignaron a través del Obamacare, como se conoce el programa de seguro de salud implantado por la Administración del presidente Barack Obama.

Se suponía que los fondos del Obamacare rindieran hasta 2019, pero la crítica situación fiscal de la reforma ha ido consumiéndolos aceleradamente y se estima que se acabarán antes del tiempo previsto.

Para financiar internamente el Plan de Salud del Gobierno, el Ejecutivo tendría que asignar alrededor de $1,800 millones de fondos propios al año, lo que luce improbable.

Una coalición liderada por el dirigente obrero Dennis Rivera, haciendo uso de su enorme influencia política en Estados Unidos, intenta convencer al Centro de Servicios de Medicare y Medicaid que dé marcha atrás a su decisión de reducir en un 11% los fondos que asigna anualmente a Puerto Rico para evitar la catástrofe que se vislumbra.

El grupo plantea que ya existe una cuestión de discrimen político contra Puerto Rico en la distribución de fondos de Medicare y Medicaid, que representan apenas el 60% de lo que reciben los estados, supuestamente debido a errores de cálculo, según la explicación de Rivera.

Desde antes de que se aprobara el recorte, el gobierno de Alejandro García Padilla había estado cabildeando a favor de Puerto Rico, pero aunque no había tenido éxito, el gobernador cree que todavía hay tiempo para que se anule la determinación.

Mi Salud, el nombre que la Administración de Seguros de Salud (ASES) le ha dado al Plan de Salud del Gobierno, enfrenta una crisis desde hace algún tiempo, dramatizada en meses recientes por los problemas con el pago a los proveedores, entre los que hay médicos, laboratorios, otros profesionales de salud y farmacias. La suspensión de la línea de crédito que mantenía con el Banco Gubernamental de Fomento ha sido señalada como la causa de los retrasos. Como consecuencia de la situación, algunos especialistas, entre ellos ginecólogos obstetras, han dejado de aceptar a pacientes nuevos y se ha acelerado, sobre todo en lo que respecta a algunas especialidades, la emigración de médicos a Estados Unidos.

A pesar de los reclamos de ASES de que está realizando los pagos en varios plazos mensuales, como prometió a las aseguradoras, el problema podría complicarse a causa de la fijación de un nuevo impuesto federal a estas compañías que tendría un impacto de alrededor de $200 millones anuales y abonaría a la reducción de servicios a los pacientes.

Las gestiones de la Coalición para Atender la Crisis de Salud en Puerto Rico, como se denomina el grupo de Rivera, enfrentan grandes desafíos, pero podrían representar la única esperanza que tiene el País de salvar, al menos por los próximos años, la reforma de salud.

Preferiríamos la adopción de soluciones permanentes al problema de los servicios de salud de cientos de miles de ciudadanos afectados por estas determinaciones, pero confiamos en que la coalición logre convencer al Gobierno federal del grave daño inminente que provocaría con los recortes proyectados.

La salud es un derecho humano cuya disfrute está consignado en la Constitución y corresponde a nuestros gobernantes garantizar que se honre con servicios de calidad para todos los ciudadanos.

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