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A infundir nueva vida en los planteles clausurados

El gobierno de Puerto Rico tiene que proteger la valiosa infraestructura que constituyen cientos de planteles escolares cuyas operaciones han sido clausuradas. Es necesario procurar la pronta reutilización de esos edificios para fines productivos y de beneficio para el país.

Adelantar esa meta implica poner al día el inventario de las escuelas cerradas para atender su mantenimiento, evitar su deterioro acelerado e impedir actividades ilegales y antisociales en estas importantes instalaciones.

Las escuelas, además de ser espacios de rigor académico, son centros de servicios claves para las comunidades donde ubican. Sus instalaciones sirven para efectuar talleres y actividades recreativas. Allí se vive, se sueña y se adquieren experiencias positivas para el desarrollo integral del ser humano.

Son también lugares de gran valor sentimental que persiste por generaciones. En estos recintos se marca el inicio de los pasos de nuestros jóvenes para forjarse un futuro mejor. Cuando cierran, se reducen esas oportunidades. Además, propician el colapso de comercios cercanos y otras fuentes de ingresos indirectos que sirven a cada comunidad escolar.

El desconocimiento del gobierno sobre la cantidad, ubicación, condiciones y valor de las escuelas cerradas desde 2007, según evidenciado en una reciente rueda de prensa, supone una dejadez inaceptable. Mantener este asunto en un limbo administrativo resultará oneroso para el gobierno mientras se postergan iniciativas creativas y necesarias para grupos ávidos de reutilizar las aulas.

El Subcomité Interagencial de Traspaso de Planteles Escolares informó que de 2017 al 2018 se clausuraron 438 escuelas. De esas, 365 fueron declaradas en desuso. Sin embargo, el subcomité, así como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) dijeron desconocer la cantidad de planteles cerrados bajo administraciones previas.

Hasta agosto de 2017, el DTOP, encargado por ley de administrar las propiedades públicas, había registrado 505 escuelas en desuso, pero con registros imprecisos con omisiones tan básicas como el municipio donde ubican.

De acuerdo con el Subcomité Interagencial de Traspaso de Planteles Escolares muchas de las ventas de aulas clausuradas se han concretado por sumas inferiores a los estimados de tasación, debido a los problemas provocados por el abandono que da paso al vandalismo, y que ha generado pérdidas de al menos $6.6 millones. Mientras, se han recomendado alquileres por $1 al año a entidades sin fines de lucro en un total de 164 instalaciones.

El gobierno tiene ante su consideración 275 propuestas para dar nueva vida a estos edificios, algunos de los cuales contienen elementos históricos y artísticos que ameritan ser preservados. Entre las propuestas figuran crear centros de terapias para alumnos de educación especial, lugares para actividades comunitarias y refugios para animales abandonados.

Sin embargo, la falta de un inventario preciso demora innecesariamente la posibilidad de encaminar esos proyectos y derrota el propósito de allegar fondos al erario mediante ventas u otros acuerdos constructivos.

La gobernadora ha hecho bien en ordenar una relación actualizada de esos bienes porque es inaceptable que la mayor parte de esos planteles, algunos con varios edificios en amplios solares con atractivas áreas verdes, se encuentren sumidos en el abandono.

Por ello, conviene encaminar sin dilación un proceso uniforme y dinámico para considerar las propuestas de gobiernos municipales, entidades comunitarias o empresas privadas que interesan utilizar muchas de esas estructuras.

Es preciso poner en vigor medidas para facilitar la venta o traspaso de los inmuebles a los sectores interesados en desarrollar iniciativas beneficiosas. Es momento de dar nueva vida a las aulas clausuradas para convertirlas en espacios de proyectos creativos, talleres de trabajo y centros de servicio a los ciudadanos.

Actuar con prontitud reflejará sensibilidad hacia las comunidades afectadas por los cierres y fomentará confianza gubernamental en el sector privado y comunitario interesado en aportar a la renovación del país.

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