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A investigar la compra de terrenos del CEN

Las autoridades tienen el deber de investigar a profundidad las circunstancias en las que el gobierno de Puerto Rico compró, con fondos estatales y federales y a precios notablemente elevados, terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) que no serían desarrollables.

No puede quedar sepultada por la burocracia y los intereses partidistas lo que luce como una madeja de contradicciones que apuntan a serias irregularidades que desembocaron en desembolsos de fondos gubernamentales millonarios, por parte de tres administraciones de gobierno de las dos principales colectividades políticas.

La pesquisa tiene que incluir el examen de las denuncias sobre las graves consecuencias que tiene para la conservación de los recursos ambientales y fiscales de Puerto Rico el que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales haya accedido a pagar a sobreprecio los terrenos donde se iban a desarrollar los proyectos Dos Mares y San Miguel Resort, en Luquillo y Fajardo.

Desde 2007 a 2013, a lo largo de tres administraciones, a los proponentes de esos proyectos se les pagaron cantidades que superaron los $90,000 por cuerda, para un total de decenas de millones de dólares públicos.

De acuerdo con las denuncias, la tasación en la que se basó el acuerdo valoró esos terrenos como si los proyectos esbozados en los planos hubieran podido construirse, cuando tenían mínimas probabilidades.

La investigación tiene que esclarecer por qué se incurrió en el alto gasto público si gran parte de esos predios eran inundables y pagarlos a base de lo que se hubiera podido desarrollar allí, en lugar de por lo que objetivamente había, estaría reñido con las sanas prácticas de administración pública.

Hay que explicar, además, por qué la adquisición de los predios a altos precios, comenzada en agosto de 2007, continuó incluso durante la pasada y presente administración, pues en mayo de 2013 se produjo la compra de los terrenos de Dos Mares.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan avaló la reclamación del desarrollador del proyecto Costa Serena para que lo compensen por los daños, penalidades e intereses, correspondientes a ocho años en los que el gobierno ha intentado expropiar esas tierras.

Los terrenos de Costa Serena fueron valorados originalmente en menos de $5 millones, pero la más reciente tasación, aceptada por el Tribunal, estima que vale $32 millones, a base de lo que se hubiera construido en un terreno inundable. Sin dinero para expropiar, el Gobierno ha desistido de salvar esos terrenos, lo que significa un revés y una vuelta al pasado en la lucha de la comunidad de Piñones.

La atención rigurosa a la cadena de interrogantes relacionados con la adquisición de tierras del CEN debe evidenciar el compromiso de las agencias de ley y orden, tanto estatales como federales, con la transparencia de la gestión pública.

En esta línea, el Senado está obligado a dar paso a la resolución de investigación presentada por el senador Larry Seilhamer, que lleva tres años guardada en la Comisión de Recursos Naturales que preside Cirilo Tirado, sin que este senador haya justificado la tardanza.

Estudiar los factores que llevaron a la adquisición costosa de terrenos del CEN, por parte de nuestro fiscalmente abatido gobierno, es vital para un País que atraviesa la peor crisis económica de su historia y que no puede darse el lujo de gastar de más ni un solo centavo.

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