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Alto a actos de prejuicio y odio contra la diversidad

A pesar de ciertos avances, a Puerto Rico le queda un largo trecho por recorrer en la importante área de proteger a las minorías y de procesar adecuadamente los crímenes motivados por el discrimen y odio.

En los estatutos y los reglamentos, el Estado ha manifestado su condena y repudio a la intolerancia contra quien es percibido como diferente. Pero, en la práctica, los investigadores policíacos están rezagados en su preparación para identificar las características de un crimen de odio y reunir evidencias para probarlo. Este es un grave problema en el ejercicio de la justicia.

El marco legal para el procesamiento existe desde que en 2002 las Reglas de Procedimiento Criminal reconocieron que los delitos motivados por el prejuicio demandan la imposición de agravantes. Luego el Código Penal dispuso un aumento de un 25 por ciento en la condena en estos casos. Y en 2016 entró en vigor una Orden General de la Policía que estableció una guía para identificar e investigar los crímenes de odio.

La víctima en estos casos es seleccionada a causa de su relación o pertenencia a un grupo, una raza, origen nacional o étnico, idioma, creencias políticas o religiosas, condiciones físicas o mentales y preferencia sexual, entre otros.

Aunque la Policía carece de la vital herramienta de la estadística oficial sobre estos delitos, los activistas de los derechos civiles y las organizaciones que velan por las minorías suponen que en la última década han ocurrido decenas de asesinatos contra personas pertenecientes a grupos vulnerables. Consideran a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros como crecientemente afectada por delitos caracterizados por extremos de crueldad y brutalidad.

Pero esta actividad criminal no se refleja en la cantidad de casos que atiende el Departamento de Justicia ni en las convicciones. Una causa está en la investigación inicial del delito, que en ocasiones no solo acarrea violencia contra el individuo sino también contra sus pertenencias y propiedades, por medio del vandalismo.

Para combatir efectivamente las manifestaciones delictivas de la intolerancia, los agentes policiacos precisan un conocimiento adecuado de las técnicas que les permita establecer el odio y el discriminen como motivación del delito, las penas aplicables y cómo recoger y conservar las evidencias. Este aprendizaje debe darse con prontitud y con la justicia como norte. En un sentido mucho más amplio, es necesario fomentar que esta actividad delictiva sea reportada y apoyar a las víctimas.

Nuestra sociedad no estará preparada para castigar los crímenes de odio mientras no pueda ni siquiera identificarlos apropiadamente. De ahí la urgencia de los entrenamientos en la fuerza policíaca.

La Policía pasa por un proceso de reforma que surgió a raíz de denuncias de abusos contra individuos y grupos, como los inmigrantes.

Igualmente censurable es el discurso del odio. Las expresiones producto del prejuicio que se usan para herir o degradar, aunque no sean actos de violencia física en sí, alientan la hostilidad y alimentan el rechazo hacia la diversidad.

La necesaria formación y sensibilización para una eficaz lucha contra esta lacra debe extenderse a todos los que tienen injerencia en la seguridad y la administración de la justicia, desde los agentes investigadores, el personal forense, los fiscales, jueces y funcionarios de los tribunales.

Las pesquisas oficiales serán efectivas en la medida que conduzcan al castigo de los responsables. De lo contrario, la situación de impunidad se agrava. El efecto de la inacción no solo recae en el individuo y su grupo, sino sobre toda la sociedad, que no puede ceder más a la intolerancia. Nos toca a todos promover una cultura de tolerancia y de respeto por la diversidad sin dejar ningún espacio a la discriminación y el odio.

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