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Alto el precio de incumplir con la reforma policial

El liderato gubernamental debe resolver con premura las causas de las serias advertencias del Tribunal Federal, sobre la necesidad de superar las deficiencias que impiden cumplir con el acuerdo para reformar y profesionalizar el cuerpo policiaco.

La inobservancia, por parte de las autoridades estatales, del mandato de proveer al monitor Arnaldo Claudio datos e informes pormenorizados, podría conllevar graves penalidades. El retraso persistente en la puesta en vigor de los planes correctivos podría provocar fallos de desacato, imposición de multas y de sanciones no económicas, e incluso una sindicatura federal en la Policía.

Así lo ha advertido el juez federal Gustavo Gelpí, quien supervisa el cumplimiento de los acuerdos entre los gobiernos estatal y federal, para mejorar significativamente el desempeño de la fuerza policial en áreas neurálgicas.

Estas incluyen el uso de la fuerza, el trato a grupos minoritarios en el marco de la igual protección de las leyes y sin discriminación, y la calidad de la investigación de las querellas. Igualmente fundamentales son la puesta al día de los sistemas de información, los entrenamientos, la adquisición de equipo, las prácticas de supervisión y administración del personal, el manejo de querellas y la actualización de los sistemas de información, entre otros.

El pobre progreso en la implantación de las medidas correctivas establecidas en los planes de acción surge como una constante, a pesar del seguimiento y las asignaciones de fondos por parte del gobierno federal. En la más reciente audiencia judicial ante Gelpí, salió a relucir que el gobierno local no utilizó $15 millones de un total de $20 millones asignados en 2017 por las autoridades federales para respaldar los cambios que ameritan hacerse en el cuerpo. Esos fondos ya no se pueden utilizar en la Uniformada.

El gobierno tiene el deber de llevar a término la reforma, para que el cuerpo policial goce del respaldo ciudadano y el país logre niveles superiores de prevención e investigación de la actividad criminalidad.

Es necesario que el proceso de cambio se concrete sin que las finanzas públicas tengan que sufrir otro desangre por la persistencia del incumplimiento, como ha sucedido con los pleitos de clase por fallas en servicios de educación especial y por el hacinamiento carcelario.

En octubre, el proceso para la formación y profesionalización de la Policía entra en una fase crucial de rendimiento de cuentas ante los organismos supervisores, prominentemente el Tribunal Federal.

La sindicatura mencionada por el juez Gelpí como una posibilidad en caso de que persista el incumplimiento, ha perseguido a la Policía desde los demoledores informes del Departamento de Justicia federal sobre violaciones de derechos civiles, falta de preparación e instancias de corrupción sistémica que obligaron al acuerdo para la reforma.

Sumado a lo anterior, el Negociado de la Policía enfrenta el reto de superar la baja presupuestaria de $30 millones este año fiscal y el déficit de 1,184 efectivos debido a renuncias, jubilaciones y el éxodo pos huracán. La oficina del monitor ha recalcado que no habrá una reforma efectiva sin un plan que haga uso adecuado del capital humano. Requieren solución urgente deficiencias como la asignación de 2,029 uniformados a labores administrativas que pueden ser efectuadas por empleados civiles mientras las unidades investigativas necesitan 774 agentes. También es necesario que nuevos cadetes se sumen al esfuerzo policiaco, ya que la academia más reciente fue en 2015.

La agrupación de las agencias de seguridad bajo una sombrilla que ha provocado confusión en las líneas de mando e ineficiencia en la ejecución de órdenes, es otro señalamiento del monitor, que clama por remedios inmediatos. El liderato tiene que motivar a su equipo. Tiene también que convencerse de que la reforma profunda disipará los obstáculos que frenan la calidad del trabajo policiaco.

El gobierno de Puerto Rico tiene que poner punto final a los problemas sistémicos que afectan el desempeño de la Policía y hacen vulnerable a nuestra sociedad.

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