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Alza salarial de alcaldes revela insensibilidad

Las altas cuantías de los sueldos de alcaldes no se pueden escapar a los ajustes necesarios para solventar la crisis fiscal de Puerto Rico. En momentos en que muchos municipios han reducido o consideran reducir la jornada laboral de su plantilla para alcanzar ahorros, es impropia aprobar aumentos de hasta $3,000 mensuales para ejecutivos municipales.

Aumentar el salario de los alcaldes acusa una gran falta de prudencia y sensatez. Es un agravio al ciudadano que sufre la pérdida de empleos y de beneficios, entre otros efectos de la contracción económica que golpea a las poblaciones de cada uno de los 78 ayuntamientos desde hace una década.

Reiteramos la importancia de someter a los municipios a una reingeniería completa que tenga como centro la eficiencia y la sana administración de los haberes públicos. Los sueldos de los alcaldes son solo una parte de la reformulación de los gobiernos municipales que debe hacerse dentro de la reestructuración de todo el aparato gubernamental y los planes a largo plazo para estabilizar las finanzas puertorriqueñas.

Sobre la mesa debe estar evaluar si la cantidad de municipios, considerando si lo más acorde con las circunstancias es, por ejemplo, consolidar municipios u operaciones bajo esquemas regionales.

No hay duda del estado de precariedad de muchos municipios. A 2015, por ejemplo, casi la mitad de los ayuntamientos, 37 para ser exactos, operaba con balances negativos en su fondo general para gastos, de acuerdo con el Índice de Salud Fiscal que prepara anualmente la entidad Abre Puerto Rico.

Esto se debe a que han replicado la mala práctica del Gobierno estatal de costear los déficits con préstamos, lo que ha contribuido al endeudamiento extremo y a la crisis del País.

La deuda de los municipios ha aumentado significativamente en los pasados años, de $4,300 millones en 2010 a $5,000 millones en 2015. Sumado a ello, a partir del primero de julio el subsidio que reciben del prácticamente insolvente Gobierno central se reducirá de $500 millones a $300 millones.

Es evidente que se trata de un cuadro fiscal difícil y retador. Y los alcaldes no son ajenos a la situación. Por eso, deben demostrar a su gente que bajo su dirección hay controles en el gasto de los recursos públicos.

Aumentos salariales de $1,000 a $3,000 mensuales, para elevar los sueldos a $5,500 y $8,000 al mes, apuntan a una desconexión de la realidad fiscal de los ayuntamientos y del País. Constituyen, además, una verdadera ofensa para los habitantes de los pueblos marcados por la pobreza y altas tasas de desempleo, que son la mayoría.

En Arecibo, por ejemplo, el nuevo sueldo del alcalde Carlos Molina, de $8,000 mensuales, es apenas un poco menor que el ingreso per cápita de $8,867 de los arecibeños. En términos presupuestarios, el municipio tenía una deficiencia de $5.9 millones en el año fiscal 2015.

Por otro lado, Naguabo contaba a esa fecha un superávit de $122 mil. El alza de sueldo al alcalde Noé Marcano será costeado por un pueblo que exhibe una tasa de desempleo de 21 por ciento y tiene el 48 por ciento de su población bajo el nivel de pobreza.

Las legislaturas municipales deben poner coto a esta inmoralidad, absteniéndose de aprobar alzas salariales que resultan en una afrenta al ciudadano. Y no deben asirse a la Ley 69 de 201, que autoriza los aumentos, para justificar lo injustificable.

Asimismo, los vínculos políticos entre alcaldes y legisladores estatales son bien conocidos. Resultan muchas veces en la aprobación de asignaciones desproporcionadas bajo el llamado barril de tocino para obras innecesarias o que luego se abandonan. Hay además un tránsito de alcaldes a la Legislatura, y a la inversa, que debería operar en función de una sana administración y no a lealtades o compromisos políticos.

Corresponde también a la Legislatura frenar el insensible desangre de fondos públicos y lograr una verdadera reforma municipal.

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