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Ampliar las pruebas es un paso en la ruta correcta

Las nuevas medidas que aumentan los esfuerzos para detectar el COVID-19 en Puerto Rico son acertadas. El gobierno y la comunidad de médicos especialistas tienen la responsabilidad de asegurar que la administración de las pruebas se agiliza mediante la inclusión de potenciales nuevos pacientes.

Permitir que médicos puedan solicitar que el examen sea administrado por laboratorios privados, conforme a su criterio, sin requerir la autorización del Departamento de Salud, agiliza un proceso indispensable para identificar a tiempo posibles casos positivos. Ello es esencial para frenar la propagación del virus.

La participación de la clase médica y los laboratorios debe ayudar a generar con mayor rapidez datos valiosos sobre los contagios, lo cual es imprescindible para entender mejor la prevalencia de la enfermedad en la isla, con el objetivo de controlarla.

Es importante que las autoridades sanitarias produzcan un mapa claro sobre los datos relativos al virus en nuestro país. Divulgarlo a diario con transparencia reduce incertidumbres y permite, al propio gobierno y al sector salubrista privado, tomar decisiones críticas informadas, tanto sobre la salud pública como sobre el impacto económico.

La principal autoridad sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, ha reiterado la recomendación central de “aislar, hacer la prueba y tratar a cada sospechoso de contagio, así como rastrear cada contacto, debe ser la espina dorsal de la respuesta en cada país”. Esa máxima es la mejor esperanza de prevenir la propagación por contagio comunitario, añade la entidad.

Desde que comenzó a hacer las pruebas la semana pasada, el Departamento de Salud de Puerto Rico ha dado cuenta de 57 muestras, de las cuales aún el miércoles esperaba por el resultado de 21. Cinco dieron positivo. Un sexto caso fue detectado en el Hospital de Veteranos.

Por lo pronto, el sector salubrista privado avanza en preparar centros de atención y recursos para apoyar la respuesta. Hospitales privados habilitan en carpas salas de atención médica aisladas para atender una potencial oleada de casos. El Centro Médico hace lo propio.

Asimismo, investigadores salubristas y epidemiólogos han diseñado una plataforma en línea para monitorear en tiempo real posibles brotes del virus a base de cuestionarios que permitan a la gente informar de síntomas, aunque no que hayan recibido atención médica.

Por su parte, el gobierno ha identificado un centro hospitalario para albergar a las personas que entren a la isla a través del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y que arrojen resultados positivos a las pruebas.

Igualmente, reconociendo el disloque económico provocado por la emergencia, la gobernadora Wanda Vázquez ha ordenado eliminar el Impuesto sobre Ventas y Uso a productos de primera necesidad, imprescindibles para seguir las recomendaciones de higiene y prevención.

Los esfuerzos para ampliar las pruebas deben conllevar que se identifique y responda con diligencia a los casos positivos para cortar el paso a la propagación.

También será importante mantener abiertos los canales de comunicación con la gente. Expertos salubristas han levantado alarmas sobre la reticencia del gobierno en el manejo y la comunicación de información relevante sobre esta emergencia. Plantean que el apego a las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha dejado a la isla rezagada.

El gobierno debe atender estas preocupaciones con diligencia para reducir la ansiedad entre la población.

Se sabe que personas asintomáticas pueden propagar el virus y que los jóvenes no están en menor riesgo ante la pandemia.

El análisis riguroso y transparente, así como su difusión precisa, puede abonar a la confianza pública. Este es un paso clave para frenar el contagio del COVID-19 en nuestra isla y para que nos aseguremos de que a este virus lo paramos unidos.


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