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A optimizar los servicios de emergencias

En casos de emergencia, el eslabonamiento de componentes de rápida respuesta del gobierno puede ser determinante para salvar vidas. Las agencias que ofrecen servicio directo a la población tienen que asumir su preparación para casos urgentes de ciudadanos con la seriedad y diligencia que exige evitar muertes.

El deceso de un hombre en el terminal de lanchas que conecta Ceiba con Vieques y Culebra ha subrayado esa obligación. Aún se desconocen las causas del fallecimiento reportado el miércoles. Sin embargo, las razones para la demora en las primeras respuestas a la emergencia tienen que ser subsanadas.

Por un lado, queda en relieve, nuevamente, que al terminal de lanchas de Ceiba hacia las islas municipios le falta mucho para estar en condiciones adecuadas para cumplir su propósito. Por otro lado, el desempeño del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas está por debajo de la eficiencia que exige su misión. Ambos asuntos merecen la atención expedita de la gobernadora Wanda Vázquez.

Desde su apertura en octubre de 2018, el terminal de lanchas ubicado en las antiguas instalaciones de la base naval Roosevelt Roads ha representado múltiples inconvenientes para los pasajeros, tanto residentes de las islas municipios como turistas locales y extranjeros.

Aún con calurosas áreas de espera improvisadas bajo carpas, el terminal fue abierto sin cumplir con los permisos federales de calidad de agua. El gobierno adujo la necesidad de operar desde allí debido a los daños que el huracán María provocó al terminal de Fajardo. En julio pasado, la Agencia federal de Protección Ambiental ordenó el cierre del área de estacionamientos, lo que obligó a utilizar otro espacio desde el cual los pasajeros deben abordar vehículos de transbordo hasta el terminal.

A raíz de lo que en principio fue un percance de salud de un residente de Vieques esta semana, trascendió que la instalación tampoco cuenta con equipos de desfibrilación ni tiene personal adiestrado en primeros auxilios.

Las llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 fueron en vano. Las autoridades han confirmado que la llegada de un paramédico a la escena tardó una hora. Para entonces, el infortunado yacía sin vida.

El comisionado de Emergencias Médicas, Guillermo Torruella, ha atribuido los retrasos en respuestas de paramédicos a la limitación de personal causada por las medidas de austeridad. De forma recurrente, el presupuesto de la dependencia ha sido recortado al punto de que, desde 2017, tiene unos cien empleados menos.

Torruella ha admitido que, mientras lo aceptable es un periodo de respuesta de diez minutos para el arribo de la ambulancia, el promedio en la isla alcanza la espera absurda y agobiante de 20 minutos.

Este margen de tiempo puede representar la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia.

Aunque se trata de un negociado distinto, ambos adscritos al Departamento de Seguridad Pública, Emergencias Médicas está directamente relacionado al Sistema de Emergencias 9-1-1. Se estima que esta línea de auxilio recibe entre 32,000 a 34,000 llamadas semanales, de las cuales 16,500 son emergencias reales. La mayor parte son emergencias de salud y alrededor de 1,700 están relacionadas con accidentes de tránsito.

Ante tal cúmulo de casos, y por la naturaleza de sus misiones, la optimización de recursos y procesos es vital. Representantes de empleados han denunciado que nuevos niveles de burocracia y equipos obsoletos retrasan la atención.

En medio de dichas burocracias y con respuestas a medias de funcionarios llamados a rendir cuentas, la seguridad y vida de miles de personas no puede seguir en riesgo. Sin más excusas y con premura, el gobierno tiene la obligación de romper la cadena de deficiencias en servicios y acción para evitar desgracias futuras.

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