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Apremia reforma integral en el sistema correccional

La crisis en las cárceles, reflejada en muertes de confinados por sobredosis de sustancias y en la confirmación oficial de una alta incidencia de contrabando de drogas, corrupción, fraude y crimen organizado, sirve de ocasión para evaluar, de forma integrada, el sistema penal y de justicia en Puerto Rico.

El secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, ha descrito la falta de personal como la raíz de todos los problemas graves que tiene la agencia. Hoy el sistema cuenta con 500 oficiales custodios, pero se estima que se necesitan más de 1,500 para cubrir todos los puestos. Por el momento, la agencia ha expresado la intención de duplicar el número actual de oficiales.

No obstante, en su anuncio de nuevos controles, el viernes, el Departamento de Corrección confirmó que parte del problema se debe, también, a guardias penales corruptos a los que se propone identificar con apoyo federal y del Negociado de Investigaciones Especiales. Por lo pronto, se han interrumpido las visitas de contacto y la entrada de paquetes y comida.

En ambas instancias —falta de empleados y corrupción interna— el problema se ciñe a decisiones de presupuesto y supervisión. Expertos han descrito el sistema carcelario como el punto de venta de drogas más grande de Puerto Rico. Pero el problema no es nuevo. Tampoco es simple.

La administración de la dependencia ha anunciado que, en coordinación con agencias federales y estatales, implementará medidas extraordinarias para controlar el trasiego interno de drogas. Deben mejorarse los sistemas de registro y la vigilancia de los predios.

Las acciones deben ser fundamentadas. En el balance pesan los derechos de los confinados y de los empleados, sometidos a largas horas de trabajo bajo presión y con salarios bajos. A corto plazo, las medidas pueden verse como resultados que serán fugaces, si no se realizan de forma consistente.

Pero estas medidas, solas, no atienden la raíz de los verdaderos problemas.

Las cárceles y las condiciones precarias en que vive buena parte de la población penal son la parte visible de un sistema —carcelario y de justicia— más ocupado en castigar que en rehabilitar, con penas que son, a veces, desproporcionadas a los delitos.

Por otro lado, la misma presencia de sustancias controladas en las prisiones denuncia que buena parte de los reos son enfermos de adicción. Muchos pasan largas temporadas sin libertad y sin recibir ayuda para superar la dependencia a sustancias. De ellos se sirven las mafias internas y externas.

Bajo nuestro sistema de derecho, la mayoría de los delitos conlleva pena de cárcel sin que quienes los cometen representen siempre peligro real para otras personas y para la sociedad. Lo que sí representan en todos los casos son costos para el erario. Se estima que cada recluso cuesta al país entre $30,000 y $40,000 al año. En su página electrónica, la agencia no tiene disponibles al público estadísticas que permitan conocer más acerca de esta población. Las estadísticas sobre perfiles, reincidencia y otros datos para analizar progresos o retrocesos datan de varios años sin acceso a ellas a través de su portal.

Pero se sabe que dentro de la población penal también abundan los reos con enfermedades mentales, encerrados en cárceles a falta de la atención clínica debida. Estos pacientes viven mezclados con la población, lo que representa un riesgo para ellos mismos y para otros confinados. El personal carcelario no está adiestrado para lidiar con este tipo de personas, encarcelados como resultado del hacinamiento en los hospitales forenses que maneja la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. Así quedan presas por tiempo indefinido hasta que haya espacio para reubicarlas, lo que a veces tarda años.

Como estas, son numerosas las instancias que muestran que la crisis carcelaria no se resuelve con medidas momentáneas. Estas acciones son necesarias, pero hace falta profundizar en las verdaderas raíces de un sistema llamado a rehabilitar y a asumir con enfoque salubrista e integrado muchos de los problemas que llevan a una parte de la población a terminar en las cárceles.


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