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A priorizar acción contra la violencia de género

Con el asesinato de casi una decena de mujeres en lo que va de año y varios casos escandalosos de hostigamiento sexual aún sin dirimir, Puerto Rico está llamado a atacar de raíz el grave problema de la violencia de género.

Las raíces del discrimen y la agresión contra las mujeres están sembradas en la siquis de una sociedad que desvalora a la mitad de su población. Erradicar esas raíces conlleva educación. También requiere acabar con el clima de impunidad que perpetúa estos delitos.

En los primeros días de este mes, ocurrió una tragedia diaria vinculada a la incapacidad de hombres para aceptar la terminación de una relación. En Juncos, un hombre prefirió arrebatarles la vida a sus hijos para suicidarse. Un teniente -con historial de violencia de género, pero ascendido a dirigir una comandancia de forma interina- mató a tiros a su expareja en Lajas. Otro sujeto asesinó a su excompañera frente a sus hijos y se quitó la vida en Florida.

Las estadísticas oficiales sobre crímenes de género no estaban al día el viernes. Hasta el 15 de junio el informe policial daba cuentas de 94 violaciones. Mientras, diversos foros dilucidan sonoras imputaciones de acoso y complicidad contra prominentes figuras del gobierno y la política. Estos incluyen el juicio, contra el otrora poderoso alcalde de Guaynabo, Héctor O´Neill, por cargos de actos lascivos y violencia doméstica, entre otros.

A este clima se suma la súbita sustitución de quien fungía como Procuradora de las Mujeres tras meses de interinato sin que se ocupara el cargo en propiedad.

Su salida ocurre justo luego de que refirió a Justicia al exdirector de la Compañía de Turismo, José Izquierdo, al director de Recursos Humanos, Giovani Narváez, al principal asesor del gobernador, Alfonso Orona, y al representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino. El informe sostiene que las alegaciones de hostigamiento en Turismo ocurrieron y que no se siguió el protocolo para proteger a las víctimas.

Así, pues, la recién designada procuradora, Lersy Boria Vizcarrondo, tiene ante sí importantes retos en la gestión de defender y proteger los derechos de las mujeres. Boria afirma que nadie está exento de cumplir con la ley. Propone darles herramientas y voz a las víctimas, así como visibilizar más la Procuraduría. Antes, deberá pasar el cedazo del Senado, que colgó la designación de Ileana Aymat, respaldada por organizaciones expertas.

Mientras, se dispone a reunirse con la jefatura de Seguridad para evaluar las herramientas con las que cuentan los agentes para manejar situaciones asociadas a la violencia de género. Hasta mayo, la Uniformada tenía 71 policías desarmados por incidentes relacionados.

Las políticas policiales sobre las respuestas a la violencia doméstica destacan, de hecho, entre los asuntos de la Reforma de la Policía de mayor interés para grupos comunitarios. Esos grupos han advertido que los crímenes de génerorepresentan unacrisis de derechos humanos. El propio informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la situación de derechos civiles en Puerto Rico, que dio pie a la Reforma, señaló serias preocupaciones sobre este particular. Específicamente, acusó que la Policía fallaba en atender de forma adecuada las agresiones sexuales en la isla. También en prevenir y manejar los delitos de violencia doméstica cometidos por sus agentes. Tras el asesinato-suicidio recién cometido por uno de sus oficiales, la Uniformada adujo que cuenta con programas para asistir a sus empleados en el manejo de situaciones relacionadas o no al trabajo. Evidentemente, falta más.

A todos los niveles, urge una transformación cultural radical que deje de asumir a las mujeres como objetos o propiedad. Hace falta educar y trabajar por un país que asegure a todos, hombres y mujeres, condiciones de vida y empleo dignas y en paz. Cada persona debe sentirse libre para elegir sus opciones de desarrollo, relaciones, convivencia y felicidad.

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