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A proteger la estabilidad de las empresas públicas

La sugerencia de la Junta de Supervisión Fiscal al liderato gubernamental para que se enmiende la ley que permite las sustituciones arbitrarias en las juntas de gobierno de las corporaciones públicas debe ser considerada con la mayor seriedad.

En la carta en que hizo la sugerencia, enviada el lunes, el presidente de la Junta, José Carrión III, indicó que “proteger a todos los miembros de las juntas de gobierno de las corporaciones e instrumentalidades públicas de los controles y las influencias políticas también promovería la responsabilidad gerencial y la prestación de servicios con eficiencia” en dichas entidades.

No podemos estar más de acuerdo con Carrión III, quien hace su sugerencia al amparo de la sección 205 de la ley PROMESA, que faculta a la Junta a someter al gobierno recomendaciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de los planes fiscales y a fortalecer la gobernanza. Si el gobernador Ricardo Rosselló decide no acoger la recomendación tiene 90 días para explicar sus razones al Congreso y al presidente Donald Trump.

Confiamos en que el gobernador y los líderes legislativos entiendan la justa preocupación de la Junta y acojan su recomendación sin dilaciones.

Por años, las juntas de las empresas públicas han sido feudo de políticos, que sustituyen a sus miembros cada vez que entra un nuevo gobierno, argumentando que no gozan de su confianza. De este pecado han sido culpables los dos partidos que han gobernado por décadas.

Estas acciones arbitrarias dificultan la ejecución de planes a largo plazo en las corporaciones públicas, afectan sus operaciones y estabilidad, y minan la confianza de la comunidad y del mundo financiero en entidades de las que en gran medida depende el progreso económico de Puerto Rico.

Ese es el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Revitalización de la AEE, entre cuyas disposiciones se establecía que seis de los nueve miembros de la Junta de Gobierno debían tener experiencia en la administración de organizaciones similares a la AEE y al menos diez años de experiencia en el campo de la ingeniería eléctrica y otras áreas vitales para la dependencia. Se les prohibía vincularse a actividades político-partidistas y solo podrían ser sustituidos por “justa causa”.

Fue un muy necesario intento por profesionalizar la administración de la AEE en momentos en que esta emprendía un camino, aún lejos de concluir, para recuperar la confianza del público y la comunidad empresarial y financiera. En enero, sin embargo, la nueva administración aprobó la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria, que entre sus disposiciones eliminó el requisito de la justa causa para destituir miembros de juntas de gobierno, con el argumento de que el gobernador Rosselló necesitaba en esos puestos personas comprometidas con sus planes.

La Junta sugiere que se restituya el requisito de la justa causa para las sustituciones. Esto no mina la facultad del gobernador de reemplazar a un miembro de una junta de gobierno. Solo establece que tiene que haber una causa más allá del trillado argumento de que no goza de su confianza, lenguaje cifrado que normalmente significa que se quiere en dichos puestos a personas políticamente leales al gobernante de turno.

Carrión III también le recuerda al liderato gubernamental que el plan fiscal de la AEE tiene entre sus requisitos que al menos tres cuartas partes de los miembros de la junta de la entidad tengan independencia y experiencia en el área de la energía.

Entendemos el interés que tiene el gobernador en tener en la administración pública a personas que compartan su visión. Pero el cambia cambia político en las corporaciones públicas, que se supone sean independientes del Ejecutivo, ya ha hecho demasiado daño al país. En el momento crítico que vivimos puede hacer más daño aún. Es hora, por lo tanto, de descontinuar las prácticas que tanto retrasan a Puerto Rico.

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