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A prueba la democracia de Estados Unidos

Por tercera vez en su historia reciente, Estados Unidos está frente al posible enjuiciamiento político de su presidente electo. Preocupa seriamente que, por segunda ocasión, este proceso extraordinario tiene como raíz la sospecha de competencia electoral desleal.

El procedimiento conducente al residenciamiento del presidente Donald Trump impone, no solo al Congreso, sino a las demás ramas del gobierno estadounidense, compromiso férreo con la transparencia y desprendimiento hacia el bienestar de la nación.

El resultado tiene que adjudicar los hechos, sin que medie duda alguna, y con distancia total de la pasión y los intereses de la política partidista. La ruta del residenciamiento comienza a un año de los comicios presidenciales de una nación política y socialmente polarizada. Surge de una votación en la Cámara de Representantes dividida fundamentalmente por líneas partidistas.

Apremia que en esta coyuntura, representantes y senadores, sin distinción de bandos, analicen estrictamente los méritos de la prueba y los testimonios a considerar. Los hallazgos deben permitir reforzar sistemas y procesos para robustecerlos ante cualquier eventual intromisión doméstica o foránea. Del modelaje de los legisladores depende que la división interna en el pueblo estadounidense comience a sanar o se agudice.

Más allá del desenlace de este paso histórico que la Cámara de Representantes federal acaba de iniciar en contra del presidente, la tarea mayor de las instituciones gubernamentales de Estados Unidos es fortalecer la democracia y la integridad del sistema electoral robusteciendo la inmunidad a intervenciones foráneas, y propiciar la paz social mediante la justicia cristalina.

El proceso que pudiera llevar a un juicio en el Congreso contra el presidente Trump apunta a presuntos actos irregulares motivados por el interés de minar la oposición para obtener ventaja en su carrera a la reelección. A Trump se le atribuye pretender utilizar su injerencia presidencial en las relaciones exteriores de Estados Unidos para descarrilar al exvicepresidente Joe Biden de cara a la contienda presidencial de 2020. Los actos imputados profundizan las dudas en torno al sistema electoral que persisten a raíz de la presunta interferencia rusa en los pasados comicios de 2016 en Estados Unidos. En ambos casos, la Casa Blanca ha rechazado que existan irregularidades.

Hasta ahora, el bando republicano en el Congreso ha cerrado filas con Trump. Pese a las advertencias de asesores, diplomáticos y de la propia inteligencia federal de que las actuaciones reiteradas del mandatario han puesto en riesgo la seguridad nacional y la integridad del proceso eleccionario, insisten en oponerse al residenciamiento.

No obstante, dicho mecanismo ha sido dispuesto por la Constitución como salvaguarda del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas de gobierno, para evitar que la república se convierta en dictadura. La Carta Magna confiere alCongreso el poder de investigar para determinar si, en efecto, hay corrupción en la figura presidencial y removerlo del cargo si fuera el caso.

Los miembros del Congreso tienen la obligación de conducir un proceso que despeje dudas y garantice la solidez de las instituciones democráticas. En caso de que el juicio político se llevase a cabo y se probasen las imputaciones, el Congreso debe ir más allá de remover al presidente del cargo. Urge que se revisen las estructuras electorales, de seguridad nacional y de gobierno para que ninguna socave la voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las urnas, ni la integridad de la institución presidencial.

Los trabajos públicos iniciados en la Cámara de Representantes deben asegurar que los valores de la democracia de Estados Unidos prevalezcan. Sobre cada uno de los hombres y mujeres que representan a los ciudadanos de los cincuenta estados recae, pues, el enorme peso de la historia. Estados Unidos puede superar la prueba a sus instituciones democráticas poniendo a un lado las conveniencias partidistas para reafirmar el sitial de la nación como referente de libertad y justicia para todos.

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