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Ayuda federal ligada a la rendición de cuentas

La nueva ley de fondos de emergencia, que asigna a Puerto Rico cerca de $15,000 millones, es un importante paso de avance en las aspiraciones de acceso a la salud y de recuperación de la infraestructura y la vivienda de la isla tras la devastación causada por el ciclón María.

También representa cierto alivio para la comprometida caja presupuestaria del gobierno isleño, de cara a su responsabilidad de reformar sus finanzas para regresar a los mercados de capital y reanimar la economía insular.

El gobierno federal, no obstante, dispuso exclusivamente para la isla condiciones estrictas para el desembolso de los fondos de emergencia. Estas incluyen la entrega de un plan económico y de recuperación que cuente con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, la presentación de informes mensuales al Congreso, y el cumplimiento con una elaborada lista de prioridades y métricas.

Estos requisitos federales, consignados en ley, obligan al gobierno estatal al uso transparente de los fondos y a su rigurosa fiscalización. Estos son indicadores esenciales para recuperar la confianza del gobierno federal en la gestión pública puertorriqueña.

La nueva ayuda federal para la recuperación puede ayudar al gobierno de Puerto Rico a afinar su propuesta de plan fiscal a cinco años, mediante una mayor precisión en las cuantías de dineros federales proyectados. La certeza de las cifras, así como el modelo de reorganización de la estructura gubernamental y el cuadre del presupuesto, son elementos fundamentales para la certificación de la propuesta fiscal por parte de la Junta de Supervisión Fiscal.

Agradecemos a los que respaldaron al pueblo puertorriqueño en la gesta sudorosa que dio paso a la asignación para la recuperación. Destaca el activismo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y del gobernador Ricardo Rosselló, quienes no dejaron puerta sin tocar en la capital federal. Los senadores de la minoría demócrata Charles Schumer, Patrick Leahy y Bill Nelson fueron claves en el cabildeo para el logro de los fondos. Hay que reconocer el compromiso de los congresistas de ascendencia boricua que siempre han respondido al llamado de los suyos, Nydia Velázquez, Luis Gutiérrez y José Serrano. Así lo hizo Darrel Soto en su primer año en el Congreso. En la recta final, el apoyo del senador Marco Rubio dio un impulso decisivo a la medida entre la mayoría republicana.

De los $15,000 millones aprobados, la mayor parte, $11,000 millones, se destina al programa de desarrollo comunitario del Departamento de Vivienda federal (CDBG) para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Esto facilitará el acceso a vivienda adecuada a personas de ingresos bajos y moderados, así como proyectos de infraestructura en los municipios. Una partida de $2,000 millones está asignada a la reparación de la red eléctrica en momentos en que el treinta por ciento de la población sigue sin el vital servicio.

La asignación de $4,800 millones para Medicaid,del que se nutre a Mi Salud, es una tabla de salvamento para más del millón de personas que dependen de ese programa para servicios médicos y medicinas. El Congreso aprobó la suma máxima a la que Puerto Rico puede aspirar por los próximos dos años. Condicionó parte del dinero al cumplimiento con las normas federales de estadísticas y contra el fraude.

La cantidad no equivale a la paridad con los estados, pero es un reconocimiento de las urgencias salubristas de la isla, sobre todo tras el azote del ciclón María. Hasta ahora Puerto Rico recibía cerca de $350 millones al año de Medicaid, por lo que los dineros federales adicionales liberan una gran partida del presupuesto insular. El nuevo escenario mejora las condiciones para reestructurar el sistema de salud pública para hacerlo sostenible.

Los fondos federales recién asignados pueden ayudar a Puerto Rico a encaminar reformas concienzudas de la infraestructura y la salud, áreas neurálgicas para el desarrollo de nuestro futuro.

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