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Casos de fraude federal afectan la imagen del país

Los casos de presunto fraude contra los programas federales de seguridad social, que condujeron a arrestos federales esta semana, minan los esfuerzos de Puerto Rico por demostrar pulcritud en el uso de fondos federales, y afectan a las personas que de forma genuina tienen derecho a recibir dichos beneficios.

Esta vez, ocho personas fueron acusadas de esquemas fraudulentos mediante los cuales, según la fiscalía federal, se apropiaron de $1.4 millones que debían destinarse a los necesitados a través del Seguro Social y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Los esquemas que tienen como objetivo la captación ilegal de pagos del Seguro Social menoscaban las oportunidades de acceso a pensiones de los trabajadores que han hecho aportaciones durante su vida laboral para tener un retiro digno. También reduce las opciones de atención médica a los que no pueden costear pólizas privadas.

Asimismo, el timo a FEMA retrasa la recuperación de quienes verdaderamente requieren ayudas para reparar sus hogares y recomponer sus vidas tras la devastación causada por los huracanes Irma y María. Además, abona al clima de desconfianza del gobierno federal a la hora de asignar dinero para la isla.

Entre otras presuntas ilegalidades, las autoridades federales imputan explotación financiera a una persona de edad avanzada, fingir condiciones de salud incapacitantes para recibir el Seguro Social y apropiación de beneficios emitidos a una persona fallecida. Otro caso se atribuye a la venta de supuestas pócimas con la falsa promesa de que curaban la diabetes y el cáncer. Un hombre fue acusado de recibir ayudas gubernamentales relacionadas a alegados daños causados por los huracanes a una propiedad que no le pertenecía.

A los acusados les cobija la presunción de inocencia. Pero las imputaciones son recordatorias de patrones de corrupción detectados en el pasado en que ciudadanos abusaban y ponían en riesgo programas federales esenciales para miles de personas.

En la coyuntura de inestabilidad gubernamental y política, y en medio de la recuperación, el país demanda que cada recipiente y manejador de fondos federales observe una conducta intachable.

La repetición de redadas antifraude como las de esta semana constituye un golpe a la reputación de Puerto Rico ante los poderes públicos en la capital federal. Trae nuevamente a colación la capacidad de las autoridades estatales de administrar los dineros federales.

En paralelo se erosiona el esfuerzo de la comunidad salubrista de la isla por obtener un trato económico más justo y en la misma proporción que los estados por parte del Medicare. Hay esfuerzos loables, por ejemplo, para extender el programa de Seguridad de Ingreso SupIementario, el cual asiste económicamente a personas de 65 años o más que viven bajo niveles de pobreza o con impedimentos y condiciones especiales.

El Seguro Social y el Medicare forman parte integral de las vidas de los adultos mayores, al suplirles cuidado y equipos médicos.

De acuerdo con la American Association of Retired Persons, seis de cada diez residentes de 65 años o más reciben mensualidades del Seguro Social y casi la mitad depende de este beneficio como su única fuente de ingresos. El 12% de los beneficiaros son niños, 22% tienen algún tipo de incapacidad, y el 19% son cónyuges o viudos.

En cuanto a Medicaid, dichos fondos son utilizados en la isla para sufragar parte de la cubierta médica, de hospitalización y medicinas bajo el plan de salud del gobierno que sirve a 1.2 millones de personas.

Sería muy lamentable que los alegatos de conducta impropia, por parte de ciudadanos, sean utilizados para alargar el ya retrasado desembolso de los dineros para la reconstrucción y justificar mayores restricciones a los programas de salud y nutrición.

Puerto Rico tiene que cerrarle el paso a la falta de valores éticos que se aprovecha de la vulnerabilidad y la tragedia de las personas a las que van dirigidas las políticas de protección social.

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