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Cautela ante el optimismo excesivo del Plan Fiscal

El Plan Fiscal revisado que recién presentó el gobierno de Puerto Rico vuelve a ampararse en supuestos que se asoman inciertos y ponen en riesgo la ejecución exitosa de la ruta hacia la recuperación de las finanzas y del desarrollo económico del país.

De entrada, dos premisas del documento fiscal provocan seria inquietud: la certeza de la transformación del aparato gubernamental y la confianza excesiva en el pronto desembolso de los fondos federales para la restauración tras la emergencia, recién asignados por el gobierno de Estados Unidos.

El Ejecutivo expone su propuesta al presumir que ambas proyecciones se habrán materializado en las fechas proyectadas y que estas se traducirán en los ahorros presupuestados en el Plan Fiscal revisado. La debilidad de estos importantes supuestos mina las oportunidades de ejecución del mapa fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal es responsable de certificar este mismo mes.

Veamos por qué.

El rechazo legislativo a ambiciosos proyectos de reingeniería del gobierno central es muestra de los obstáculos que enfrenta el esfuerzo del Ejecutivo por dotar de costo-efectividad al encumbrado, burocrático y oneroso gobierno central. Por tanto, el Ejecutivo no debe presentar como un hecho garantizado la variable de la reorganización gubernamental.

Dicho proceso, que conllevaría el conjunto de reformas más abarcador en la historia isleña, podría disolverse más a medida de que se acerque el periodo eleccionario, cuando las fuerzas del interés político abandonan los objetivos realmente apremiantes para el país.

Es preciso advertir también sobre el optimismo exacerbado del gobierno insular con el desembolso de los fondos federales para la emergencia. Estos incluyen aquellos vinculados a la restauración eléctrica y a evitar el colapso del sistema salubrista, dos áreas programáticas que requieren reformas profundas.

No podemos deslumbrarnos con las cifras en papel sin haber recorrido el camino que ha diseñado el Congreso para la concreción de los desembolsos. Recordemos que la nueva ley federal que contiene esas asignaciones obliga al cumplimiento de requisitos de transparencia y rendición de cuentas para que se puedan entregar los fondos.

Además, el estatuto concede a la Junta, como organismo fiscal de Puerto Rico, la autoridad de velar para que procesos adecuados medien en la distribución de los dineros. En ese sentido, no es prudente pasar por alto el nivel de control que la Junta pueda ejercer sobre la llegada de los fondos y el condicionado acceso local a los dineros.

Presentar como certeros supuestos que dependen de factores que están fuera del control del Ejecutivo puertorriqueño le resta solidez al Plan Fiscal. De ahí que surjan interrogantes sobre si realmente se podrá materializar un sobrante presupuestario y de la magnitud señalada por el gobierno local. La incertidumbre se extiende, a su vez, a la viabilidad misma de la recuperación de la isla. Esta está atada a la aspiración de todos, y que no dudamos que el gobernador Ricardo Rosselló trata de transmitir en su propuesta fiscal, de priorizar la construcción de un Puerto Rico fortalecido.

En todo caso, de producirse el sobrante anticipado en la nueva propuesta fiscal, habría que determinar la porción que se reservaría para atender las obligaciones con los acreedores en un periodo razonable. Es importante recalcar que la recuperación y el desarrollo económico de Puerto Rico están vinculados a su regreso a los mercados de capital. Lamentablemente, el Plan Fiscal recién presentado es tímido en su intención de colocar a la isla en posición de recuperar la confianza de los mercados de valores.

Consignamos el peso que los inciertos del Plan Fiscal implican para la esperanza de su ejecución y, por ende, su apocado servicio a la certidumbre de la reconstrucción.

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