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Ciencias Forenses sin garras contra el crimen

El intenso goteo de dificultades por las que atraviesa la mayoría de las agencias del gobierno, y que ha salido a la luz, con toda su crudeza, durante las vistas de transición gubernamental que se llevan a cabo en estos días, ha reiterado la escasez de recursos en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), una situación que afecta al sistema de justicia y mina la confianza de los ciudadanos.

Sabemos que la violencia en Puerto Rico impone un ritmo de trabajo fuerte, mayor que en otras jurisdicciones. Sin embargo, una de las principales quejas de la directora ejecutiva del ICF, entidad adscrita al Departamento de Justicia, es que no hay suficientes químicos, y que solo cuatro patólogos forenses se deben encargar de todos los casos que terminan en los tribunales.

Debido a eso, el 75 por ciento de los informes que deberían estar listos en menos de 90 días se atrasan mucho más allá de ese límite. Esto ha llegado a provocar que los casos prescriban por el tiempo transcurrido y muchos delitos queden impunes.

No debe tomar por sorpresa a los comités encargados del proceso de transición la precaria situación de Ciencias Forenses, puesto que las fallas fueron detectadas hace unos años por el gobierno federal, que catalogó al Instituto como “concesionario de alto riesgo” y, para todos los efectos, lo degradó del reconocimiento de acreditación completa otorgada en 2009.

Un informe de auditoría de la Asociación Nacional de Examinadores Médicos (NAME, por sus siglas en ingles), entidad que actúa como ente acreditador de instalaciones forenses en Estados Unidos, llegó a describir una serie de irregularidades, entre las que destacaban problemas de distribución de fondos, patólogos que no cumplían con los requisitos de acreditación y las dilaciones que ya hemos resaltado.

Hace casi tres años saltaron las primeras alarmas por el pobre desempeño en Ciencias Forenses. Acabábamos de salir de un intenso período criminal, con más de 1000 asesinatos en 2012, y 833 en 2013. Se supo entonces que ICF tenía 22,000 casos atrasados, y que jueces, fiscales, y familiares de víctimas, esperaban impacientes por los análisis de evidencia, como son las muestras de ADN y los estudios de balística. En el primer renglón, el del ADN, habían prescrito más de 400 casos.

En noviembre de 2014, hubo un nuevo revuelo con los retrasos del ICF, esta vez dramatizado por el hecho de que se desestimaran los cargos por asesinato de cinco acusados, debido a que los informes no llegaron a tiempo.

Es necesario reconocer que la avalancha de evidencia que le llevan cada día, desbordaría cualquier instituto forense de cualquier país, y que la mayoría del personal hace lo que se puede. Por ejemplo, se estima que el laboratorio de balística recibe casi 100 piezas diarias para analizar, entre casquillos, proyectiles y armas de fuego.

En las actuales vistas de transición se ha sugerido que Ciencias Forenses, precisamente por su ritmo de trabajo acelerado, sirve de taller de prácticas y trampolín para que los patólogos y otros especialistas, una vez curtidos y con experiencia, emigren a los Estados Unidos, donde se supone que devengarán mejores salarios. Es difícil competir con esa realidad, pero sí podrían tomarse previsiones para que las personas contratadas cumplan con por lo menos unos requisitos de permanencia en el puesto.

Pero lo que no puede ser alternativa es que, mientras abunda la burocracia y el derroche en otras agencias públicas, en el ICF, que es un lugar imprescindible para la seguridad, se siga abriendo un peligroso agujero. Cuando queramos reaccionar, puede que miles de casos se hayan afectado, con el consiguiente deterioro de la calidad del sistema de justicia, y con este, la vida misma.

De ahí la necesidad de hacer asunto prioritario la solución de este problema.

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