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Combatir la criminalidad con estrategias efectivas

Las nuevas medidas que se encaminen para combatir la criminalidad en Puerto Rico deben surgir de datos validados que demuestren que propiciarán mayor seguridad pública, sin afectar derechos ciudadanos que fortalecen la democracia.

Reconocemos el interés del gobierno en tomar medidas que frenen los asesinatos y otros delitos graves. Sin embargo, algunas propuestas recién esbozadas, como limitar el derecho a la fianza y flexibilizar condiciones para que más ciudadanos estén legalmente armados, no han probado ser efectivas para combatir la criminalidad.

Las Reglas de Procedimiento Criminal contienen amplias disposiciones sobre las condiciones del derecho constitucional a la fianza de toda persona imputada de delito. Desde la Regla 218 a la 228 se estipulan medidas que los jueces pueden aplicar para garantizar la comparecencia de los sospechosos a los procesos judiciales, y para procurar la seguridad ciudadana tras la presentación de acusaciones.

Las reglas precisan una lista de delitos graves en los que proceden cautelas especiales que incluyen la supervisión electrónica. Esos delitos son asesinatos, secuestros, agresiones sexuales, violaciones a las leyes de drogas, de armas de fuego y de violencia doméstica y empresa criminal continua, entre otros.

Por otro lado, los puertorriqueños se han manifestado de forma mayoritaria en contra de limitar el derecho constitucional a la fianza. Han mostrado reparos a cambiar las reglas para garantizar la comparecencia a juicio de personas sospechosas, a quienes les asiste la presunción de inocencia hasta ser encontradas culpables.

Estudios de criminología moderna muestran que menos del uno por ciento de las personas bajo fianza comete un delito o no comparece a juicio.

Mientras, constitucionalistas plantean que flexibilizar la legalidad de las armas de fuego no ha frenado los crímenes violentos en Estados Unidos, a pesar de sus leyes liberales para compra y posesión. Entre las objeciones que impidieron la aprobación de una medida legislativa con esos fines el año pasado, está la reducción del término de 120 días para completar la investigación del solicitante de licencias de armas, y del pago por el trámite del permiso.

Las medidas que se escojan para responder a la alta incidencia delictiva deben estar precedidas del reconocimiento honesto de las causas de la criminalidad. También requieren examinar el desempeño del Estado en el esclarecimiento de delitos, el sometimiento de acusaciones y los veredictos contra culpables.

Los casos criminales presentados ante los tribunales se han reducido, de 46,116 en el año fiscal 2012-13, a 26,434 en el periodo 2016-17. Mientras, la tasa de esclarecimiento de asesinatos, estancada en un 23% hasta 2018, refleja una seria deficiencia. Esta debe atenderse reforzando la plantilla de agentes investigadores y brindándoles mayor capacitación para potenciar su labor con nuevas técnicas y equipo.

En esta tarea, la revitalización del Negociado de Ciencias Forenses es crucial. En tal sentido, luce atinado el acuerdo para que la entidad reciba apoyo de entidades como la Sociedad Americana de Laboratorios Criminales. Sus portavoces comunicaron su compromiso para aumentar la capacidad analítica de la institución y la capacitación técnica de su personal.

En la Policía, corresponde a las autoridades federales propiciar mecanismos para adelantar la reforma acordada el 17 de julio de 2013. Es válido, también, dar paso al examen de deficiencias señaladas por expertos en el andamiaje del Departamento sombrilla de Seguridad Pública, para alcanzar eficiencia en áreas medulares que reflejan incumplimiento.

Esa reflexión ayuda a justificar asignaciones federales adicionales para reforzar las entidades de ley y orden, sin omitir ajustes que permitan mayor eficiencia con asignaciones vigentes.

Además, se impone encaminar enfoques preventivos salubristas que complementen ofensivas policiacas estratégicas, producto de planes esbozados con apoyo tecnológico.

Ha llegado el tiempo de enfrentar las fallas recurrentes en la ofensiva contra la criminalidad, así como las causas desatendidas de un mal social que impacta a todo el país. Asumir esa tarea con compromiso de excelencia será medular para la reconstrucción de Puerto Rico.

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