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Defendamos los derechos de nuestros ancianos

Las nuevas exigencias que los departamentos de la Familia y Vivienda, así como el Senado, evalúan imponer a los centros de cuido de ancianos, aunque es una acción tardía, son necesarias para asegurar la protección efectiva de los derechos de esta población creciente en Puerto Rico.

Ninguna acción sobra cuando se trata de proteger vida, seguridad y derechos de las poblaciones más vulnerables. Pero las medidas anticipadas muestran el hábito gubernamental de reaccionar a los problemas. En materia de derechos, el gobierno tiene que ser proactivo para procurar que en emergencias como la provocada por el paso del huracán María, los más frágiles están a salvo.

Asegurar que estos centros cuentan con previsiones como generadores eléctricos, y reservas de agua y alimentos, debió ser parte de los protocolos de emergencia en este tipo de lugar. El gobierno debió velar por su cumplimiento desde hace mucho. Sobre todo, porque antes del paso del huracán María, el país tenía un suministro eléctrico inestable. Y porque pasa la mitad de cada año bajo la amenaza de sistemas tropicales con potencial de interrumpir ese servicio esencial.

La secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, adelantó la intención de enmendar el Reglamento para el Licenciamiento y Supervisión de Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad Avanzada con disposiciones de respuestas ante una catástrofe. Dicho reglamento, revisado por última vez en 2007, no exige a todos los hogares tener un generador de energía o tanques de almacenaje de agua en caso de que los servicios esenciales fallen durante un desastre. Ello, pese a que dichos servicios son indispensables para atender a esta población que en general presenta problemas de salud física y mental.

Después del huracán, trascendieron informes de que previo al impacto, algunos administradores de estos centros privados de vivienda permanente enviaron a los residentes a casa de familiares o a refugios del Estado. Estos centros reciben un subsidio estatal de hasta $400 para que personas mayores de 65 años vivan en condiciones dignas.

El Departamento de la Vivienda otorga créditos contributivos a los dueños de égidas que cualifiquen. Pero la agencia no da seguimiento a los servicios, reconoció el secretario Fernando Gil. Ahora propone requerirles que tengan generadores de repuesto.

Según la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), las querellas contra égidas cuadruplicaron lo usual, a un promedio de 20 denuncias por mes entre octubre y noviembre pasados. Andújar dijo que su agencia tiene dificultades para intervenir en esos centros. En algunos sitios incluso se le prohibió entrada a personal de su agencia, encargada de salvaguardar el bienestar de las poblaciones indefensas. OPPEA tiene mecanismos para entrar. Ello apunta a una inaceptable falta de coordinación entre ambas entidades para actuar en conjunto.

Hay otras amenazas. Datos oficiales revelados por este diario enenero indican que solo en octubre y noviembre hubo 5,545 querellas por maltrato. Eso es el 44% de las querellas presentadas en todo el año fiscal 2016-2017, cuando hubo 12,682. Se supo de familias que abandonaron a sus viejos en hospitales antes de emigrar a Estados Unidos.

En semanas recientes, el gobernador Ricardo Rosselló firmó leyes para esta población. Una facilita ayuda para reparaciones menores en sus hogares. Otra adiestra y ayuda a emplear a jubilados para el cuido y acompañamiento de ancianos. Una tercera los integra a los procesos de adopción. Y otra provee herramientas para que desarrollen pequeños negocios.

Dichas iniciativas adelantan la reintegración de estas personas que ayudaron a levantar a Puerto Rico. Pero hace falta más.

Las situaciones descritas obligan a la sociedad a reflexionar sobre el discrimen contra una población que, en Puerto Rico, como en pueblos ancestrales, era un grupo venerado como fuente de memoria, cuidado y consejo.

Ahora que el país busca emerger transformado, tenemos el reto de mirar a nuestros viejos desde un necesario lente ético, que permita hilvanar una red de apoyo sólida y solidaria.

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