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Detener la evasión para sumar al cuadre fiscal

La nueva ofensiva contra los evasores contributivos emprendida por el Departamento de Hacienda debe ser parte de una estrategia integral que ponga fin a un crimen económico que se ensaña contra el contribuyente cumplidor y las arcas públicas de Puerto Rico.

La iniciativa se produce en momentos en que Hacienda ha detenido la impresión automática de cheques y pagos a los proveedores. El estado de virtual iliquidez pública ha paralizado el cumplimiento de las obligaciones y tiene tocando a la puerta la reducción de la jornada y las pensiones gubernamentales.

A mayo de 2017, los ingresos netos al Fondo General contabilizados totalizaban $708.8 millones,  un total de recaudos de $8,339.3 millones de julio de 2016 a mayo del corriente.

 La suma se muestra insuficiente para subsanar los $2,300 millones adeudados a los bonistas de obligaciones generales desde el verano de 2016, cumplir con el prometido pago de las pensiones, mantener intacta la jornada laboral y asegurar los servicios ciudadanos. De ahí la urgencia de ampliar la base contributiva y cerrarle el cerco al evasor.

Es razonable, ante su rendimiento potencial, que Hacienda se enfoque en esta fase en el evasor de alto nivel. Ha identificado a alrededor de diez mil contribuyentes con ingresos de $100 mil o más al año que pudieran estar abusando de las deducciones o escapando al tributo.

 El embargo preventivo de propiedades de aquellos sospechosos de burlar su deber con el Estado es un recurso que, bien aplicado, debería producir resultados. Hay que dar una oportunidad cuidadosa al “plan de rehabilitación” que busca mover a los evasores a las filas de la responsabilidad sin necesidad de exponerlos al procedimiento penal, siempre y cuando se aplique sin distinciones y en situaciones sin reincidencia.

Empero, este esfuerzo se quedará corto si no se traduce en una redistribución más equitativa de la carga contributiva.

Parte crucial de poner en práctica la justicia tributaria atañe al Impuesto de Venta y Uso, que desde su aprobación ha registrado inaceptables bajas tasas de captación. Cada dólar del IVU que se queda a medio camino, en las cajas de los comercios o sin cobrar, es un recurso menos para las obras y los servicios de los municipios y el gobierno central. El resultado lo sufrirá seguramente el bolsillo de trabajadores y empresas que, aunque recargados de impuestos, cumplen con su responsabilidad.

La puesta en vigor de un sistema tributario justo y simplificado, y que desaliente la evasión, ha estado en la agenda de administraciones anteriores. Su ejecución inconclusa se debe, en parte, a la falta de compromiso de poderes políticos enfocados en los ciclos electorales.

 Hay otros obstáculos. Uno principalísimo radica en Hacienda, cuyos procesos requieren una reingeniería total, capacitación de recursos y actualización tecnológica. Ante la precariedad fiscal, este desafío tendrá que encararse mediante la redistribución de recursos internos y el comenzado reclutamiento de empleados de otras agencias. Una estructura integrada, con dependencias que trabajen juntas, abonará a la eficiencia en los servicios, clave para aumentar los recaudos.

 Otro obstáculo es que el sistema sigue siendo rebuscado, complejo y plagado de lagunas como deducciones e incentivos con rendimiento desconocido o cuestionable. La reforma contributiva que la administración del gobernador Ricardo Rosselló se propone arrancar en enero de 2018 debe acometerse con el más alto sentido de equidad para que respalde la economía individual y empresarial.

 Es crucial insistir en la cultura de rendición de cuentas. El crecimiento de la base tributaria conlleva promover la ética ciudadana, reestableciendo su confianza en el sistema, identificando y procesando  a quien incumple con su deber.

 La ejecución del Plan Fiscal diseñado para revitalizar las finanzas públicas y la economía requiere de la responsabilidad de todos. El mal histórico y sistémico de la evasión se puede atajar con acciones coherentes y voluntad política.

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