💬 0

Diálogo fuerte para encaminar el Plan Fiscal

Para que Puerto Rico pueda alcanzar la reestructuración de su deuda pública y una eventual recuperación fiscal es fundamental mantener un ritmo constante de cumplimiento de los planes acordados a tales fines entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal.

Por eso hemos sostenido la necesidad de implantar el Plan Fiscal presentado por el gobernador Ricardo Rosselló y aprobado por la Junta en marzo pasado. Si la reducción de jornada de empleados públicos se reconoce como parte del citado plan, tendría que aplicarse en su momento, cuando de forma transparente se demuestre que las condiciones estipuladas mediante enmienda no se han cumplido.

En ese proceso, el escenario ideal para una eventual determinación de la implantación o no de la neurálgica medida es que el asunto se dilucide por la vía extrajudicial, mediante un diálogo abierto y transparente entre las partes. Solo si al culminar un intercambio ponderado al respecto persistiera un impasse, entonces correspondería acudir al tribunal.

Las reducciones de la jornada laboral y del bono de Navidad, así como la reorganización de los sistemas de jubilación de los servidores públicos forman parte del abanico de medidas cautelares propuestas en el Plan Fiscal a diez años adoptado para Puerto Rico. Este documento presentado por el gobierno fue certificado por la Junta hace cinco meses, siguiendo los parámetros de la ley federal PROMESA.

El documento ciertamente incluye metas específicas a ser monitoreadas por la Junta con miras a alcanzar, a largo plazo, una reducción de $40,000 millones en el déficit del fisco. Esto, con medidas de ahorros y de aumento de ingresos mientras simultáneamente se auscultan formas de reestructurar la monumental deuda de $74,000 millones con los acreedores del gobierno, a la que no se le han hecho abonos en dos años.

Los pasados cinco meses desde la certificación del plan deben servir para comenzar a demostrar que los objetivos articulados se van cumpliendo según pactado y que no es necesario llegar al punto doloroso de recortar los sueldos a la mayor parte de la plantilla pública, agobiada igual que el resto del pueblo por la crisis y la carga tributaria.

El gobernador Rosselló ha sido el primero en reconocer que la estructura gubernamental actual, con su gigantismo y burocracia excesivos, no tiene correspondencia con la realidad del país. Los cambios propuestos mediante legislación para reducir el tamaño del aparatado gubernamental y hacer más agiles a las agencias dan cuenta de su firme interés de ir eliminando redundancias e ineficiencias.

Se acerca el momento de demostrar que lo recorrido a corto plazo está rindiendo economías verificables que hagan innecesarias las reducciones en días de trabajo y beneficios contemplados en el plan. Sin tales certezas contables aumenta el riesgo para el país de que más adelante haya que recurrir a otras medidas de un impacto mayor.

El reclamo de sentencia declaratoria e interdicto sometido por la Junta ante el Tribunal Federal para adelantar la amplia ejecución del plan no debe convertirse en un obstáculo en el crucial camino de la recuperación fiscal si no en una oportunidad de reforzar la búsqueda de mayores alternativas para lograr la necesaria estabilidad en las finanzas del país.

La transparencia y la disposición de implantar recomendaciones que claramente persiguen objetivos de avanzada es lo que debe prevalecer. Una de esas sugerencias se refiere a las juntas de gobierno de corporaciones públicas, para que se les libere de las influencias políticas que les impiden cumplir a plenitud su responsabilidad gerencial. No hay duda de que este mal ha anulado en la práctica el concepto de independencia en la operación de las empresas del Estado y comprometido su eficiencia al punto que se han convertido en una carga, en vez de un estímulo, al contribuyente y a la economía. Así lo ha planteado ayer la Junta al primer ejecutivo, como parte del diálogo constructivo que debe prevalecer entre las partes.

En la presente dinámica, reestablecer la credibilidad ante el mundo financiero en el ánimo de atraer inversión, fortalecer la gobernanza y dar continuidad a los procesos pactados para lograr sostenibilidad económica son necesidades que Puerto Rico debe encarar con firmeza. Son objetivos difíciles, pero inaplazables e igualmente realizables, con diálogo inquebrantable, voluntad y constancia en el trayecto de metas por un buen futuro para el país.

💬Ver 0 comentarios