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Eficiencia estructural en la función municipal

La experiencia traumática del huracán María, vivida en carne propia por los ciudadanos y atestiguada de primera mano por los alcaldes, los funcionarios públicos más cercanos al pueblo, pone sobre la mesa la oportunidad y necesidad de mejorar las estructuras y funciones municipales.

La ocasión se presta para sanear las finanzas municipales implementando mecanismos adecuados de administración que incluyan cooperación y acuerdos regionales de determinados servicios.

Las metas deben ser la viabilidad fiscal de las ahora insolventes alcaldías y la independencia de las operaciones municipales de las subvenciones del gobierno central, con servicios realmente significativos para las comunidades.

La cercanía de los ejecutivos municipales con sus compueblanos se estrechó en la crisis pos huracán, cuando estuvieron en primera línea para acceder a ayudas directas para su gente. Demostraron sus áreas de fortaleza, especialmente en la identificación de necesidades, para enfrentar las dificultades extremas que se sumaron a problemas económicos conocidos.

Los ayuntamientos demandan con toda razón una rendición de cuentas sobre los trabajos de restauración de la red eléctrica. Mantenerlos a oscuras es injusto. Hay que reconocer que la condición de muchos municipios es desesperada y necesitarán ayuda antes de poner sus finanzas en orden.

No obstante, los problemas financieros agravados por el impacto ciclónico existían previo al paso de María.

Del análisis de informes financieros, el Centro de Investigación y Política Pública concluyó que en el año fiscal 2016, el 62% de las alcaldías tuvo deficiencias presupuestarias. Además de gastar más dinero del que tenían, la mitad de los ayuntamientos vio caer sus activos netos y el 44% reflejó un balance negativo en el fondo general, su principal cuenta bancaria. De acuerdo con el Índice de Salud Fiscal Municipal publicado el pasado junio, 33 municipios dependen en más del 40% de sus ingresos de transferencias del gobierno central.

La propuesta creación de un fondo de $100 millones para repartir entre los afectados por el evento atmosférico pone de manifiesto esa extrema dependencia del gobierno central. Al borde de la iliquidez, este último ni ha recibido el préstamo federal para paliar sus operaciones.

Con razón la Junta de Supervisión Fiscal cuestionó la propuesta para alimentar las arcas municipales. La medida no identifica las fuentes de donde saldrían los fondos ni contiene mecanismos que aten las asignaciones a las pérdidas de ingresos. Utilizarlos para sufragar gastos operacionales perpetuará el círculo vicioso que ha llevado a los presupuestos deficitarios y al endeudamiento en los municipios. Es importante que además se les exija disciplina fiscal y se les fiscalice.

La invitación es a repensar las estructuras y los modelos de financiamiento de los que se valen los municipios para costear sus operaciones y gastos recurrentes. La insolvencia que enfrentan muchos de ellos tiene origen estructural. De ahí que elevar a rango constitucional a los municipios dentro del ordenamiento jurídico les serviría de poco o nada. No les suple mecanismos para estabilizar sus finanzas. Sin recursos económicos, la autonomía que se pretende plasmar en la Constitución sería una ficción.

Bajo el marco legal actual, los municipios pueden consolidar funciones mediante la creación de consorcios y planes de desarrollo. La regionalización de servicios les permitiría explotar las fortalezas exhibidas en estos meses, con iniciativas para suplir hasta electricidad a sus pueblos.

La organización financiera y administrativa que más acerca la viabilidad financiera a ciertas actividades municipales son los consorcios. Los fondos federales para adiestramiento laboral que se reciben bajo el Worforce for Investment Act, por ejemplo, se administran mediante una estructura que sirve a un grupo de municipios. Son modelos que pueden expandirse.

La recia lucha de los alcaldes por sus pueblos debe cobrar formas de eficiencia administrativa encaminadas hacia la solvencia fiscal y adecuar sus operaciones a la realidad económica del país.

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