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El acoso sexual y laboral acarrea un precio muy alto

El veredicto unánime en contra del Municipio de Guaynabo, en un litigio por hostigamiento sexual y laboral, alecciona sobre el costo que el pueblo paga cuando las instituciones públicas fallan en su responsabilidad de prevenir y corregir toda conducta que atente contra el respeto, la integridad y la dignidad humana en los espacios y contextos de trabajo.

El mensaje unánime del jurado es claro: el gobierno tiene que ser consciente de la gravedad de las conductas de maltrato a la mujer en los escenarios laborales, las cuales persiguen y horrorizan a las víctimas y sus familias.

El ayuntamiento de Guaynabo tendrá que compensar con poco más de un millón de dólares por los daños que el hostigamiento perpetrado por Héctor O’Neill Rosa le causó a una exempleada cuando su padre Héctor O’Neill era el primer ejecutivo de la ciudad. Se trata de una suma muy significativa, sobre todo en las actuales circunstancias de debilidad fiscal del país. Resulta del incumplimiento municipal con las leyes y políticas que prohíben toda práctica ilegal e indigna contra trabajadores, sin distinción de género.

El desenlace del caso ventilado ante el Tribunal Federal en San Juan ilustra las serias repercusiones que sufren los patronos, públicos y privados, que ignoran situaciones de acoso u otras conductas que degradan a sus recursos humanos. Refleja que toda situación de hostigamiento tiene que frenarse y subsanarse sin dilación.

Puerto Rico ha sufrido otros casos deplorables de abuso de poder y delitos sexuales en los ayuntamientos. Por ejemplo, el exalcalde de Cidra, Ángel Malavé Zayas, fue encontrado culpable de incurrir en un patrón de hostigamiento sexual y actos lascivos contra empleadas municipales, y fue sentenciado a nueve años y siete meses de reclusión domiciliaria.

Conductas ilegales y desmoralizantes como esas minan el principio del mérito al enajenar del servicio público a recursos valiosos. También aluden a ambientes laborales nocivos, contrarios a los preceptos constitucionales.

Nuestra Constitución establece que la dignidad del ser humano es inviolable. Dispone que “no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas”. Subraya también que las leyes y el sistema educativo “encarnarán estos principios de esencial igualdad humana”. Por tanto, son inaceptables los ambientes laborales, públicos y privados, que dan pie al discrimen, maltrato y abuso.

Un estudio realizado por Workplace Bullying Alliance halló que el 51.8% de las personas empleadas en Puerto Rico ha experimentado algún tipo de acoso laboral. La entidad informó en 2018 que las empresas que no atienden las denuncias gastan de $180,000 a $500,000 anuales por cada 2,000 empleados.

Aparte del impacto económico, se suma el desgaste emocional que sufren otros empleados que comparten espacios donde existe un ambiente hostil, agravado con represalias e intimidación como respuesta insensata a la presentación de querellas.

Por ello, todo patrono debe, abrazado a la ley, combatir e impedir dinámicas desmoralizantes como las ocurridas en el ayuntamiento guaynabeño.

Es necesario que cualquier indicio de conducta laboral indebida sea atendido de inmediato para tomar las medidas correspondientes. Es la forma de poner fin al sufrimiento de la víctima y de evitar procesos judiciales complejos, costosos e incluso más lesivos para las partes en el conflicto.

Otra lección importante de la decisión en el caso de Guaynabo es que las mujeres deben ser conscientes de que hay que denunciar todo abuso al que ellas u otras colegas sean sometidas. Se trata de un asunto intolerable que se tiene que frenar y penalizar.

La sentencia judicial muestra a todos los ciudadanos que son posibles acciones afirmativas en defensa de la convivencia laboral armoniosa que alienta la productividad y el ejercicio de la justicia.

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