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El balance fiscal abonaría a la credibilidad isleña

En el proceso para acordar el presupuesto que regirá el próximo año fiscal, el liderato a cargo de las finanzas de Puerto Rico tiene el reto de coincidir en la meta de lograr las soluciones fiscales que fortalezcan la credibilidad de la isla.

Con sendos presupuestos recomendados, y una diferencia entre ambos de $524 millones, procede ahora que el gobierno local y la Junta de Supervisión Fiscal negocien acuerdos que acerquen al gran objetivo de poner en orden las finanzas públicas. Este proceso requiere asignaciones respaldadas por proyecciones de fondos certeras y las reformas estructurales impostergables.

El documento presupuestario debe trazar la agenda prioritaria de la isla para el próximo año fiscal. Debe ser, además, peldaño para alcanzar y mantener salud financiera del país de forma duradera. Por algo la Constitución dispone que el mismo debe ser balanceado y documentado con datos confiables. Incumplir esa disposición de forma reiterada condujo a la precariedad fiscal y abonó a la crisis económica que Puerto Rico arrastra por más de una década.

Por lo tanto, el proceso de diálogo al que están llamados el gobierno y la Junta debe tener el propósito central de acercar el presupuesto a la meta final de corregir el déficit fiscal estructural y procurar presupuestos balanceados permanentemente.

En el camino, ya ambas partes coinciden, al menos, en fijar como áreas de acción prioritarias en el presupuesto fortalecer la educación y la seguridad. Y, aunque ambos también reconocen la importancia de enderezar los sistemas de retiro, las propuestas en debate se limitan todavía a los grados de ajuste de pensiones que son necesarios.

Reestructurar los sistemas de retiro es una prioridad crítica de la que depende el resto del ordenamiento fiscal. Por lo mismo, el diálogo presupuestario entre el gobierno y la Junta debe sentar las bases para que, a continuación, profundicen en propuestas que aporten estabilidad y sostenibilidad a dichos sistemas. Más allá de los ajustes inmediatos en negociación, los sistemas de retiro tienen que garantizar las pensiones futuras.

El país necesita superar el letargo y la precariedad. Es hora de encaminar un diálogo constructivo para alcanzar el equilibrio financiero, atendiendo razonablemente las necesidades esenciales del país. La Junta Fiscal y el gobierno central comparten la responsabilidad de producir las soluciones que confirmen al gobierno federal y a los mercados de capital que pueden volver a confiar en la isla.

Por la vía del diálogo, organizaciones que representan a grupos de empleados y jubilados del sistema público negocian acuerdos que logren economías de forma justa y sensible. Igualmente, las negociaciones entre el gobierno y la Junta deben producir resultados beneficiosos para el país en lo inmediato y a largo plazo.

Ya Junta y gobierno han probado su voluntad de colaboración y su capacidad de lograr acuerdos conjuntos, como el que reduciría deudas de laAutoridad de Energía Eléctrica por más de 30% o $3,000 millones.

Sobre la mesa hay dos propuestas para el tercer presupuesto de gobierno desde que se aprobó la ley federal Promesa que provee la estructura para el cuadre de las finanzas y la reestructuración de la deuda de la isla. La versión final que se acuerde debe presentar con claridad las guías hacia el balance presupuestario permanente, así como los pasos y plazos que harán falta para alcanzarlo. Sin esos elementos, la crisis requerirá importantes restricciones fiscales.

Puerto Rico necesita mostrar su capacidad de encontrar soluciones fiscales que le devuelvan credibilidad aquí y fuera. Con ello, se allanará el camino para que fluyan los fondos federales comprometidos y que están aún por desembolsar. Junto a ello, la confianza en la estabilidad fiscal de la isla permitirá producir acuerdos sobre la deuda y reabrir las puertas al mercado prestatario y a la inversión en el desarrollo a largo plazo.

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