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El cambio en el modelo de salud es imperioso

Con un sistema de salud pública fiscalmente inestable e incapaz de abarcar a la totalidad de nuestra población, ha llegado el momento crítico de impulsar un cambio trascendental en el modelo de prestación de servicios médicos en Puerto Rico.

 A change in health model is imperative

Asegurar la continuidad de Mi Salud es una prioridad ante el hecho que de los fondos federales de Medicaid, del que se nutre parcialmente el programa gubernamental, se acaban tan pronto como en abril de 2018.

A corto plazo, el frente común encabezado por el gobernador Ricardo Rosselló y la comisionada residente Jenniffer González cabildea contra el tiempo en la capital federal por una asignación que mantenga a flote el programa del cual depende más de un millón de personas para recibir atención médica.

En paralelo, el grupo que incluye a los exgobenadores Alejandro García Padilla y Aníbal Acevedo Vilá, entre otros, apuesta a incluir a la isla en el Children’s Health Insurance Program para allegar fondos a más a mediano plazo al plan del gobierno. El esfuerzo que la delegación realiza, con miras a mover a la acción a los congresistas antes de su receso y superando las políticas de reducir gastos de la mayoría republicana en el Congreso, es una labor encomiable. Amerita respaldo y reconocimiento en un país generalmente dividido en líneas partidistas.

Mi Salud, sin embargo, presenta problemas de fondo que emanan de su misma estructuración y puesta en marcha y que urgen soluciones.

El abanico de deficiencias, según los entendidos en la materia, abarca desde la fragmentación de la atención médica, la mala distribución de los recursos, el aumento excesivo de los costos y la ausencia de controles efectivos que aseguren un cuidado médico de calidad a los pacientes. A pesar de los cerca de $2,800 millones al año que consume, el modelo deja fuera a unas 300,000 personas, que no cualifican para Mi Salud porque tienen ingresos, pero no los suficientes como para poder pagar un plan privado.

Existe, asimismo, consenso entre los médicos y otros peritos de que el palpable agotamiento del sistema y su demanda de cada vez más dineros para mantenerse obligan a encaminar un cambio hacia una cubierta universal que abarque a toda la población. El nuevo modelo tiene que responder a la realidad presupuestaria del gobierno y ser integral, pues al presente hay entidades como la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles que corren sus propios sistemas.

La crítica a la práctica de condicionar los tratamientos médicos con la intervención de mediadores y no según los dictámenes de los galenos es un asunto serio de salud que tiene que resolverse a favor de los pacientes.

Las cuantías de las ganancias que se consideran aceptables para los entes privados que dan servicios dentro del esquema público es otra situación que se debe abordar. Por eso conviene ponderar el modelo de pagador único, así como las iniciativas que garanticen menos gastos administrativos y la costo eficiencia operacional del programa.

Estas acciones deben promover también reforzar el equipo de profesionales de la salud en la isla y frenar el creciente éxodo que debilita servicios esenciales.

A fin de cuentas, se debe aspirar a un modelo sustentable.

En ese sentido, la propuesta del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, creado por ley en 2015, para que se haga un estudio actuarial que establezca fuera de toda duda cuáles son los modelos viables en la isla, es meritoria. Un estudio actuarial serio y hecho por peritos en tiempo prudente daría fundamentos objetivos para justificar los cambios ante los componentes de la industria de la salud, nuestra ciudadanía y el gobierno federal.

Hay además que actuar para producir estadísticas confiables sobre la cantidad de asegurados, los gastos de los deducibles y otra información vital para completar los estudios en un tiempo razonable. La falta de recursos para determinar el mejor modelo para el país y la acción a seguir no puede seguir postergada.

Si un número creciente de expertos aboga por un sistema universal, ese parece ser el camino correcto a seguir, tras constatarse el fallo del modelo vigente aquí y en la experiencia estadounidense.

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