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El diálogo debe llevar a la solución fiscal sostenible

El gobierno de Puerto Rico y el sector de las corporaciones foráneas establecidas aquí están convocados a puntualizar su diálogo en la búsqueda de soluciones sostenibles a la actual relación tributaria de dichas empresas en la isla y en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado la necesidad de que Puerto Rico genere alternativas al crédito contributivo que el gobierno federal otorga a las empresas foráneas que operan en suelo puertorriqueño. El crédito se otorga por concepto del arbitrio de 4% que pagan a la isla, con lo que suman al erario local alrededor de $2,000 millones anuales, equivalentes a más del 20% de los ingresos netos del fondo general. Se trata de un segmento sustancial de las apretadas arcas públicas de Puerto Rico.

Es importante que Washington tenga claro que el crédito a las foráneas está vinculado a la capacidad fiscal de la isla, y que eliminarlo sin una transición razonable agudizaría la inestabilidad fiscal y económica local. Toda decisión debe enmarcarse en una implementación ecuánime, de manera que ese sector corporativo permanezca aquí produciendo empleos especializados y de remuneración competitiva. Se estima que estas empresas generan alrededor de 12,000 plazas de trabajo en la isla.

El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos ha declarado temporal su crédito por concepto del arbitrio local a las foráneas. La reforma contributiva federal, de 2017, asume esa posición. El gobierno estadounidense ha instado a la isla a encaminar una transición hacia otras fuentes de ingreso. Para compensar estas aportaciones, se ha propuesto que Puerto Rico opte por un impuesto sobre los ingresos de las Corporaciones de Control Foráneo que les permita a esas empresas deducirlo hasta en un 80%. También se ha propuesto renegociar los decretos tributarios acordados con las compañías. En cualquier circunstancia, es importante atender la competitividad de los incentivos de este sector de la economía, a la par que se gestionan otras fuentes de recaudo para la isla.

Cerca de una treintena de empresas paga el impuesto, de las cuales una tercera parte aporta el 80% del arbitrio. Tributan por ganancias y regalías para las que también reciben créditos federales.

El gobierno de Puerto Rico ha señalado que no tomará acciones ni buscará enmendar la Ley 154 de 2010 que establece el arbitrio, hasta que tenga una determinación final del Servicio de Rentas Internas federal en torno al crédito. No obstante, lleva a cabo esfuerzos para concienciar al gobierno federal sobre la aportación económica de estas industrias a la isla. Asimismo, sostiene comunicación constante con las empresas.

Además de reforzar ambas acciones, urge encontrar soluciones contributivas y de desarrollo económico que fortalezcan la condición fiscal de Puerto Rico. En la búsqueda de ampliar las fuentes de ingreso al erario, queda en agenda reformar a profundidad el sistema contributivo, acompañado de mecanismos que aseguren una captación eficiente de fondos, junto a otras reformas gubernamentales igualmente necesarias.

En sus visitas, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha mostrado un claro optimismo sobre el potencial de desarrollo y de recuperación de Puerto Rico. Ha planteado que la isla puede escribir una historia de éxito con su proceso de superar la larga crisis fiscal, acentuada por el estancamiento económico y la devastación que dejó el huracán María hace dos años. También ha recomendado enfáticamente corregir los problemas estructurales que originaron la bancarrota.

El diálogo de los sectores gubernamental y empresarial con el gobierno estadounidense brinda a la isla la oportunidad para reformular sus objetivos económicos, como parte de sus metas para el fortalecimiento fiscal. Con voluntad y unidad, el gobierno y los diversos sectores económicos pueden demostrar que Puerto Rico tiene la capacidad y los méritos para reconstruirse desde estructuras gubernamentales y de desarrollo sólidas y sostenibles. Dicha voluntad conlleva también un estricto cumplimiento con la mejor administración del caudal público.

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