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El diálogo entre bonistas ayuda a resolver la deuda

El marco de trabajo propuesto por los principales grupos de acreedores de Puerto Rico, para dirimir una de las controversias más complicadas de la quiebra isleña, evidencia su disposición para explorar alternativas de solución a la restructuración de la deuda. Este clima de diálogo es muy esperanzador.

Alcanzar un acuerdo entre estos grupos —que ostentan casi la mitad de la acreencia de la isla— acercaría el cierre de un litigio judicial entre el gobierno y los bonistas, que ha amenazado con prolongarse y resultar sumamente costoso. La Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el grupo organizado de bonistas de Obligaciones Generales (Ad Hoc GO) hasta esta semana habían estado en disputa abierta.

La Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno estatal han mostrado apertura a considerar nuevas estrategias para reestructurar la deuda de Puerto Rico, que suma $72,000 millones. Ven con buenos ojos el mecanismo ideado por estos bonistas para solucionar sus diferencias fuera de la corte. Pero la Junta considera que los términos económicos no se ajustan al diseño financiero del plan fiscal certificado. Para la administración gubernamental, los términos no son aceptables.

Dicho esto, el hecho de que los GO’s y Cofina hayan pactado unos principios para la renegociación de $37,000 millones de deuda es un paso de progreso en la ruta a un eventual acuerdo aceptable para todas las partes.

La ocasión se presta para que la que Junta y el gobierno se adentren en la conversación con esos acreedores, y establezcan los términos que están dispuestos a aceptar. Esa ecuación debe estar presidida por las posibilidades reales de repago que permite la complicada situación de la isla.

Un consenso viable sería positivo para todas las partes en el pleito de quiebra que se ventila en el Tribunal Federal bajo el de Título III de la ley Promesa. Reduciría la longitud y los altísimos costos de litigio para el gobierno, que se quedaría con las demandas de la otra mitad de los acreedores. Además, aceleraría el proceso de reestructuración, mediante acuerdos voluntarios, como el logrado para el Banco Gubernamental de Fomento.

El mecanismo propuesto por los bonistas de Cofina y los GO's consiste en un fideicomiso que se nutriría del 5.5 por ciento de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) como fuente de repago. No ha trascendido si plantearon un recorte en el monto de la deuda o de cuánto. Pero ciertamente es alentador que estos grupos hayan revisado sus agresivas posturas.

Los GO's alegan ante la corte que su deuda goza de protección constitucional y que ello le confiere prioridad sobre las demás. Cofina argumenta que una parte de la deuda de los GO's se emitió en violación del límite constitucional y que la suya está garantizada por el IVU.

La prioridad en el orden de los pagos es uno de los asuntos más importantes ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain. De hecho, la letrada tiene pendiente decidir si refiere al Tribunal Supremo de Puerto Rico un pedido para determinar la constitucionalidad del IVU y de la creación de Cofina.

Al margen de los méritos de la propuesta de deuda garantizada que han hecho estos bonistas, su formulación de por sí alimenta las expectativas de que las disputas que rodean las obligaciones se puedan despejar mediante el diálogo.

Entidades vitales para la economía puertorriqueña, incluida la Autoridad de Energía Eléctrica, podrían emular modelos de reestructuración de acuerdos voluntarios. Esos pactos de buena fe son los que espera el tribunal y los que necesita Puerto Rico para abrir el camino a su reconstrucción. Brindan mayor certidumbre en el proceso de ajuste fiscal. Además, son de gran ayuda en la articulación de un proceso diáfano de planificación financiera.

Así Puerto Rico podrá dedicar sus energías y tiempo a la revitalización de su economía, como esperan los ciudadanos.

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