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El favoritismo troncha la misión de servicio público

La recurrente contratación de familiares y allegados de funcionarios de gobierno le resta millones de dólares a Puerto Rico, mediante un patrón con eje en la legislatura, que reparte burla y menosprecio hacia el pueblo.

Esta semana han salido a la luz pública nuevos contratos por sumas millonarias destinados a favorecer a familiares de asesores en la legislatura y en La Fortaleza, sin que se justifiquen los montos ni los servicios.

Muchos de estos contratos tienen como epicentro la Superintendencia del Capitolio, cuyo director, José Jerón Muñiz Lasalle, ha sido vinculado a contratos cuestionables en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Los señalamientos surgen de investigaciones que causaron la renuncia de Tania Vázquez como secretaria de la agencia. El funcionario, sin embargo, goza de la confianza del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y del de la Cámara, Carlos Méndez.

Es común en estos contratos que los beneficiados han sido contribuyentes del partido y líderes electos. Es el caso de la contratación por casi $1 millón de una compañía perteneciente al esposo de una donante del senador, a quien ella brinda ahora asesoría legislativa por más de $100,000.

Pero hay más características recurrentes en estos contratos, además de ser enmendados con frecuencia para incrementar los costos. Abundan los servicios de comunicaciones o de asesoramiento en general, sin que necesariamente los proveedores cuenten con cualificaciones que les acrediten como profesionales o expertos. Estos ofrecimientos suelen ser redundantes porque el gobierno central, la legislatura y los municipios cuentan con oficinas y empleados para propósitos similares, con la diferencia de que están sujetos a las debidas regulaciones que manda la buena administración.

En otros casos, las descripciones de tareas y los informes de facturas adolecen de detalles que permitan entender la necesidad y los resultados de la contratación. En la mayoría de los casos, el beneficio de estos negocios para el país es cuestionable. Es evidente, por ejemplo, que no se han traducido en mejores relaciones con los ciudadanos, a quienes se niega acceso al hemiciclo y participación en las evaluaciones de medidas cruciales como las que trastocan de forma significativa el ordenamiento electoral, civil o territorial.

Por el contrario, además de duplicar costos, la creación de estas estructuras paralelas profundiza la desmoralización de los servidores públicos, cuyos salarios son apenas fracciones de los contratos que reparten a los suyos el gobierno central y la legislatura.

Peor aún, en los últimos meses, Puerto Rico ha visto desfilar por la corte federal a jefes de agencias, legisladores, empleados y contratistas acusados de cargos de corrupción. En estos casos, según los pliegos acusatorios, los contratos habrían servido como subterfugio para agenciarse dinero de los contribuyentes para el enriquecimiento personal de los imputados y para favorecer campañas políticas.

Mientras, sordos al clamor expresado de forma rotunda por los ciudadanos en el verano pasado, poca acción se ha visto de quienes gobiernan para revertir este modo de operar que les arrebata bienes y derechos a los ciudadanos. Con su inacción, la clase gobernante justifica la práctica que mina oportunidades a otros profesionales con igual o mayor preparación, interesados en servir.

El gobierno cuenta con disposiciones para regular el reclutamiento de los servidores públicos a quienes, en última instancia, aplican reglas y sanciones en caso de incumplir. Quienes opten por el servicio público deberían ceñirse a los procesos de solicitud, competencia y cumplimiento con requisitos, sin que medien favoritismos familiares ni partidistas.

Hay que erradicar el inversionismo político y los favoritismos que tanto laceran al servicio público y socavan la ya lastimada confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Lo que Puerto Rico necesita son servidores probados y comprometidos. Le urge una legislatura que dé ejemplo, fortaleciendo los organismos encargados de fiscalizar el uso de los bienes.


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