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El futuro depende de la sabiduría del gobernante

La encrucijada irreflexiva en la que se ha colocado el gobierno de Puerto Rico, con su negativa a dar el vital paso garantizador del cuadre de las finanzas públicas, es tan estéril como dañina para el pueblo puertorriqueño, porque pone en peligro la oportunidad para la estabilización y reconstrucción de la isla.

La Administración Rosselló erra en su empeño de mantener la gestión pública en la decadente dimensión de proyecciones inverificables. Al renunciar, sin siquiera haber tratado, a la tarea de reconstrucción pública que los ciudadanos y la historia le han confiado, el gobierno atenta contra el proceso legal diseñado por el Congreso estadounidense para resolver el endeudamiento causado por la tradición de actos oficiales igualmente desacertados.

En el escenario que supone esa actitud, la gran perdedora es la oportunidad de los puertorriqueños de superar este estado de quiebra que espanta la inversión y la creación de empleos.

La ruta a seguir tiene que ser clara y convincente, como precisan los parámetros de certeza que la Ley PROMESA dicta a la gestión de la Junta de Supervisión Fiscal.

Como único puede evitarse la reducción en la jornada y las pensiones del sistema público es mediante la identificación de otras partidas tangibles de ahorros en el presupuesto que aseguren la reserva de $218 millones requerida por la Junta. Sin una reserva tangible, se debilita la ejecución del Plan Fiscal y la posición de Puerto Rico en el proceso de reestructuración de las obligaciones que preside la jueza Laura Taylor Swain.

Es altamente preocupante la renuencia de la administración gubernamental a cumplir con las condiciones que desde hace meses han estado adheridas al Plan Fiscal certificado por la Junta. Esa negativa ahora abarca también el ajuste a las pensiones del sistema gubernamental, una medida fiscal que también era conocida.

Causa alarma, además, el doble mensaje del gobierno. Declara, ante los bonistas, que no tiene recursos para abonar a la deuda mientras insiste, ante la Junta, que cuenta con sobrantes para crear la reserva. Esto último alimenta la tesis de los acreedores, en el sentido de que Puerto Rico tiene recursos para sufragar el servicio de las obligaciones.

En fin, que las contradicciones del gobierno colocan a la isla en posición de desventaja frente a los bonistas en el proceso judicial del Título III. Un gobierno que arrastra un déficit de transparencia, al punto de que no ha podido producir estados financieros auditados, se encuentra en una posición de credibilidad muy difícil en diferentes flancos.

Llegada la hora de la verdad, es obligado deshacerse de los sombreros políticos y populistas, y enfrentar los hechos. Autorizada por el estatuto PROMESA, difícilmente la Junta sea derrotada en su misión fiscalizadora, en la eventualidad de que la negativa del gobierno local desemboque en la sala de la jueza a cargo del proceso de reestructuración.

De persistir en su actitud de negación, el gobierno de Puerto Rico vería reducida su autoridad aún más ante un síndico federal a cargo de la operación en el Departamento de Hacienda.

Lo correcto es respaldar con certeza el Plan Fiscal, proporcionando la garantía de la reserva. Así se evita la costosa dilatación del proceso de recuperación fiscal que acentuaría el sufrimiento de las familias puertorriqueñas.

Sin duda, la reducción de jornada y pensiones del sistema público son medidas dolorosas que alejan las simpatías. Sin embargo, el gobierno puertorriqueño tendrá que perseguir el bien mayor para evitar la encerrona fiscal que amenaza con colocar a muchas familias boricuas en peores condiciones que las actuales o en la necesidad de sumarse a la fila del éxodo masivo.

Están en juego la oportunidad de solucionar el problema de la deuda y la de reconstruir la economía de nuestra isla mediante la inyección de capital nuevo. La solución está en las manos de la sabiduría del gobernante.

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