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El gobierno debe actuar para promover estabilidad

Puerto Rico necesita con urgencia que todos los componentes del gobierno concentren sus esfuerzos y atención en la recuperación de la crisis causada por la actividad sísmica.

Al cumplirse hoy un mes del terremoto que alteró la cotidianidad del pueblo, especialmente de la región suroeste donde cientos de casas colapsaron, es necesario agilizar decisiones para brindar estabilidad a los ciudadanos.

Urge poner en vigor un plan integral para resolver sin dilación las necesidades de educación, salud y vivienda de una porción significativa de la población más afectada por el terremoto.

El sistema escolar permanece fracturado por la interrupción de las actividades académicas en numerosas escuelas. Las autoridades han sido lentas y poco transparentes en las gestiones para reanudar el nuevo semestre.

De 857 planteles en operaciones al culminar el 2019, un total de 526 permanecían clausurados hasta ayer, jueves. Eso significa que, a un mes del terremoto, solo el 38 por ciento de las escuelas está funcionando.

El Departamento de Educación informó que el 25 por ciento del total de las escuelas no volverá a reabrir sus puertas en lo que resta de año escolar. El gobierno estimó que esta semana concluirá la inspección de todas las escuelas, pero no precisó cuándo informará cuáles definitivamente no son aptas para recibir estudiantes.

Ese no es un panorama aceptable. Apoyamos la decisión de la agencia de inspeccionar la infraestructura de todos los planteles. Pero eso no debió ocurrir a costa de mantener fuera de los salones por tanto tiempo a tantos niños y niñas, incluso los que residen en áreas donde no hubo daños mayores asociados a los sismos.

Muchos de los que se han ido de Puerto Rico en estos días han dicho que lo hacen por la falta de garantías de cuándo sus hijos volverán a la escuela, según reportó este periódico el fin de semana. Algunos alcaldes han ofrecido instalaciones cuya seguridad no está en entredicho para atender alumnos cuyas escuelas no podrán utilizarse nuevamente. Existen alternativas temporeras viables a corto plazo.

El Departamento de Educación debe responder de forma categórica ante esta situación perniciosa para miles de estudiantes, en su mayoría de los sectores más marginados. Tiene la obligación constitucional de proveer educación pública.

Mientras, cientos de damnificados, entre ellos adultos mayores solos, aguardan bajo carpas el manejo efectivo de la reubicación en viviendas seguras y cercanas a sus comunidades. El gobierno se ha dado hasta marzo para realojarlos.

Hasta este miércoles, casi 3,000 personas dormían albergadas bajo carpas o en campamentos improvisados: 1,106 de ellos en los 14 refugios que administra el Departamento de la Vivienda y 1,887 en otros 40 refugios.

En medio de todo, está también la urgencia de garantizar que los hospitales estén aptos para atender eventuales emergencias en caso de un sismo mayor o para manejar pacientes con un posiblediagnóstico de la nueva cepa de coronavirus que ya requiere la adopción de medidas extraordinarias para frenar su propagación.

La compleja situación hace imprescindible que los funcionarios del gobierno frenen la lucha política interna que al presente representa una distracción innecesaria. Dividido en bandos como se ha mostrado públicamente, el gobierno pierde perspectiva de la urgencia y las prioridades que requieren la articulación de un plan de acción inmediato sin consideraciones partidistas.

Puerto Rico no puede quedar a merced de la lucha de poder dentro del Partido Nuevo Progresista. Sus líderes de gobierno están llamados a servirle al país como única prioridad, con desprendimiento y compromiso, con el sentido de urgencia, responsabilidad y transparencia que el pueblo ha exigido y merece.

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