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El país exige gobernanza sólida, confiable y estable

El privilegio de gobernar a Puerto Rico conlleva la firme voluntad de abrazar la gobernanza creíble, confiable y estable, reclamada por el potente movimiento de participación ciudadana de un país en el que todavía hay mucho por hacer.

Puerto Rico ha despertado unido, victorioso en su redefinición de la institución gubernamental. En este nuevo construir, es preciso que durante la transición de gobierno la clase política se abstenga de propiciar nombramientos distanciados del mandato de transparencia del pueblo que obligó la salida de un gobernante que le faltó a su confianza.

El reclamo que ha impartido lecciones al resto del mundo derrumbó la impunidad con que miembros de nuestra clase política han dispuesto de los recursos públicos sin rendir cuentas. El pueblo proclama que no caerá más en las redes de la demagogia que pretenden servirse de él cada cuatro años. Derribó el mito de que su poder se limita a las urnas.

De conformidad con el mandato de la gente, quien asuma la alta encomienda de gobernar debe tener valores éticos y administrativos probados, distanciarse de aspiraciones electorales y ser inmune al oportunismo político. Necesita demostrar su capacidad para atender con responsabilidad y peritaje los complejos desafíos fiscales y de la recuperación, los cuales requieren una relación productiva con Washington. Con madurez y empatía podrá tender lazos edificadores con distintos sectores dentro y fuera de la isla.

Con una semana para ceder el cargo, el renunciante gobernador Ricardo Rosselló podría ponderar designar a una persona para la secretaría de Estado. Este escenario dejaría en manos de las dos cámaras la ratificación de la persona nominada a la secretaría de Estado y, con ello, al nuevo gobernador de Puerto Rico. Es importante que tanto Rosselló como el liderato legislativo se apeguen al mejor interés colectivo. Si algo aprendimos en los pasados días es que las negociaciones entre cuatro paredes son inviables, pues el pueblo entero está vigilante.

Existe también la opción de que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asuma la gobernación, siguiendo la línea de sucesión constitucional.

Quien ocupe la gobernación tendrá que asegurar total desprendimiento político-electoral, comprometiéndose a concentrarse en la agenda de recuperación y desarrollo de Puerto Rico. No es el momento para distracciones. Se requiere energía a tiempo completo.

Queda emplazado por el pueblo a responder a la nueva realidad social y política: los puertorriqueños están atentos y no tolerarán más corrupción a la clase política que se sirve y los margina. Quien gobierne deberá contar con la confianza de ese pueblo que acaba de mostrar su capacidad crítica y la fuerza de su apoderamiento.

La persona que asuma el liderato ejecutivo del país deberá, de inmediato, trabajar para el recobro la credibilidad, confianza y estabilidad económica. Durante los 17 meses que restan de cuatrienio, toda la atención desde el Ejecutivo deberá estar centrada, primero en ocupar los puestos vacantes en el gabinete con personas con una sólida experiencia. Ello abonará a la estabilidad de las operaciones públicas.

Le corresponde también restablecer las relaciones con la Junta de Supervisión Fiscal de modo que la recuperación fiscal siga su curso. Igual prioridad tiene la edificación de una relación transparente con las agencias federales vinculadas a los esfuerzos de recuperación.

Como secuela de la histórica crisis institucional de los pasados días, han surgido en la legislatura propuestas para abordar eventuales escenarios similares a los que Puerto Rico acaba de vivir. El presidente cameral Carlos Méndez ha propuesto enmendar la Constitución para crear el cargo de vicegobernador.

Toda reforma legal o constitucional debe realizarse con ponderación y estudio, respondiendo a los reclamos del pueblo de una sana gobernanza, no a las improvisaciones políticas.

Hoy los puertorriqueños están convencidos de que gobernar tiene que ser un ejercicio compartido; exigen apertura, transparencia y participación. Quieren y tienen el derecho de aportar a la construcción de un Puerto Rico que proteja y represente a todos.

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