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El país necesita energía asequible y confiable

El acuerdo para reestructurar la deuda del sistema eléctrico de Puerto Rico coloca al gobierno frente a su impostergable responsabilidad de identificar y poner en vigor mecanismos que reduzcan el costo de generación y distribución energética.

Es obligación del Estado velar por la calidad de vida de nuestras familias, evitando alzas de electricidad que eleven el costo de sus bienes y servicios esenciales. No menos importante es la misión pública de proveer energía asequible a la diversidad de sectores económicos que posibilitan el desarrollo del país.

En la lista de prioridades conducentes a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que estar la diversificación de las fuentes energéticas, para prescindir de la generación de electricidad con petróleo, un fósil costoso monetaria y ambientalmente. La energía solar y el gas natural son alternativas viables en el camino hacia una red eléctrica que descanse por completo en fuentes más limpias. Este paso es esencial para lograr una producción económica sostenible y competitiva, que invite a la inversión de capital a la isla.

El acuerdo de restructuración en la AEE, alcanzado bajo la Ley Promesa, se presenta como la oportunidad para renovar un sistema inestable que ha dificultado, en parte, la revitalización tras los huracanes de 2017. Los apagones y otras fallas de una red de distribución deteriorada y en gran parte obsoleta, obligan a la renovación energética.

El acuerdo, respaldado por el 47 por ciento de los bonistas de la corporación pública, es considerado esencial para atender el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico y para hacer viable el regreso de la isla a los mercados de capital.

Damos la bienvenida al compromiso del gobernador Ricardo Rosselló de actuar para neutralizar aumentos tarifarios proyectados a la luz del acuerdo, mediante la compra de combustible más económico y el inicio de la generación con gas natural a través de cambios planificados en centrales metropolitanas y otras regiones. El primer ejecutivo argumenta que ese cambio revertiría eventualmente la tarifa vigente de 22 centavos por kilovatio hora. Mientras, el acuerdo de pago a los bonistas recomienda un ajuste tarifario inicial de 5 por ciento, a partir de julio.

Este complejo escenario plantea la necesidad de una eficaz comunicación entre el ejecutivo y legislativo para llevar a cabo los ajustes de leyes que el acuerdo requeriría, una vez aprobado por la jueza Laura Taylor Swain. Ambas ramas deben entablar conversaciones edificantes en torno a las inquietudes relativas a los costos que enfrentarían los consumidores que producen o contemplan producir energía por su cuenta, con sistemas solares o eólicos domésticos o comerciales.

Confiamos que con la misma seriedad y apertura se atenderán los procesos para la concesión de exenciones y los acuerdos con el sector privado para la transformación energética.

La AEE ha acumulado una deuda de $11,400 millones. En el escenario de recesión que se ha mantenido por 10 años, Puerto Rico necesita encaminar la modernización de su sistema energético, parte esencial de la competitividad económica global.

La transformación deseada incluye eficiencia administrativa, con procesos basados en transparencia y rendición de cuentas. En ese renglón, será crucial el respaldo a la labor del Negociado de Energía, como entidad fiscalizadora que proteja a los consumidores residenciales y empresariales, y los procesos de contratación para la transformación del sistema.

De ser aprobado, el acuerdo que reestructuraría la deuda de la AEE se sumaría a otras reorganizaciones de obligaciones producto de negociaciones con los bonistas, incluida la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Empero, lograr un acuerdo financiero que alivie la situación de la corporación energética y facilite el uso de concesionarios privados tiene que ir de la mano de la encomienda de implementar un plan de mejoras capitales basado en las prácticas y tecnologías más eficientes y sostenibles de generación de electricidad.

En la búsqueda del equilibrio que asegure el bienestar de Puerto Rico, alcanzar una tarifa energética razonable es impostergable.

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