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El país paga con vidas la negligencia institucional

La urgencia de corregir la ineficiencia y negligencia asociadas a la pérdida de miles de vidas en Puerto Rico tras el embate del ciclón María, así como la ausencia de transparencia y de reconocimiento de la magnitud de la mortandad, figuran entre las lecciones de la tardía confirmación oficial de que la cifra de fallecimientos supera por mucho a la reconocida hasta esta semana.

Estas y otras enseñanzas deben calar hondo en la fibra profesional y moral de todos en las instituciones responsables de proteger la salud y la vida, y de realizar el registro legal cuando ocurre la muerte. Corregir las fallas que contribuyeron a la pérdida de tantas personas abre espacio para comenzar a sanar las heridas profundas de un dolor y una indignación que trasciende el suelo boricua.

El Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública de George Washington University, junto a expertos de la Universidad de Puerto Rico, estableció que el exceso de muertes entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 fue entre 2,658 y 3,290, con una mediana de 2,975. Este estimado sustituye la cifra de 64 a la que el gobierno se había aferrado, pese a que sobraban indicios de que tal número quedaba muy por debajo de la pérdida de vidas.

El estudio dramatiza que la pobreza y el abandono institucional contribuyen a la muerte. La emergencia impactó de forma desproporcionada a la población más pobre. El gobierno estuvo ausente, enajenado de los malabares de socorro y sobrevivencia en nuestras comunidades. Queda reiterada la urgencia de derribar las estructuras que reproducen desigualdad y pobreza, y de integrar a las comunidades a la hora de atender problemas.

A la incompetencia local se suma la inadecuada respuesta federal. La investigación evidencia que la mayoría de estas víctimas murió durante la respuesta al desastre. Fallecieron casi 900 personas más que lo usual entre enero y febrero —más de tres meses después del temporal. Les faltó luz, comunicaciones y auxilio médico adecuado. Los investigadores advierten que quedan más sin contar a partir de marzo.

Este es el resultado de decisiones, de acciones y omisiones. Faltaron funcionarios y profesionales con competencias a la altura de la situación. Faltaron adiestramientos y planes que se ajusten a la realidad de un país que pasa la mitad del año bajo amenaza ciclónica y en zona sísmica.

También el ocultamiento de información impidió frenar la escalada de muertes. Comunicar la crisis y los riesgos de forma transparente, creíble y efectiva protege vidas. Y genera confianza pública. El documento destaca la compasión para reconocer y validar las inquietudes de los ciudadanos.

El estudio recomienda pasos indispensables, tales como identificar áreas y grupos de alto riesgo, y divulgar políticas asociadas. Es necesario, además, establecer vínculos con las comunidades. El sector sin fines de lucro, ya probado en la emergencia, está disponible para estos fines.

Además, hace hincapié en aseguraruna coordinación efectiva entre los gobiernos local y federal, y definir con claridad la cadena de mando. Los investigadores señalan que, en toda circunstancia, el Departamento de Salud tiene la responsabilidad de vigilar la mortandad. La agencia tiene la facultad para atender situaciones relacionadas y debe contar con los mecanismos de vigilancia necesarios para intervenir temprana y efectivamente, en lo público y lo privado.

Resulta obvia la mayoría de las recomendaciones. A un año de la tragedia, muchas deberían haberse adelantado ya. En el pico de la temporada de huracanes, miles de familias viven aún en casas cubiertas por toldos sin techo. Miles de personas padecen condiciones crónicas, cuyo tratamiento depende de un sistema eléctrico aún frágil.

Ante todo ello, queda corta la respuesta del gobernador Ricardo Rosselló cuando califica de errores las graves deficiencias que le han costado al país al menos 3,000 vidas. Antes que monumentos, es momento de pedir cuentas y adjudicar responsabilidades a los funcionarios que fueron incapaces de evitar tan doloroso disloque.

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