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El país renacerá de una zapata propia y confiable

Los planes esbozados por el titular de Desarrollo Económico y Comercio demuestran que el gobierno está consciente de que Puerto Rico tiene que asumir el control sobre su desarrollo económico, y de la necesidad de acometer una agenda que enfatice más en las iniciativas locales y dependa menos de incentivos inciertos.

Dar nueva vida al puerto de Ponce, dinamizar el turismo y maximizar el uso del Centro de Convenciones, dar mayor respaldo a las pequeñas y medianas empresas y a proyectos que han tenido un buen arranque, como el sector del cannabis medicinal, son, en principio, iniciativas acertadas. Tienen potencial para marcar un nuevo rumbo económico ante la debacle post huracán y la incertidumbre sobre incentivos y fondos federales para Puerto Rico.

Las propuestas esbozadas por Manuel Laboy giran en torno a dos importantes ejes. Uno es la diversificación de la actividad productiva que ayude a lidiar con el efecto nocivo que se anticipa tendrá la reforma contributiva federal sobre nuestra manufactura, de la cual depende casi el cincuenta por ciento del producto interno bruto. La segunda es poner en vigor un necesitado cuerpo de reformas estructurales que mejoren las condiciones para hacer negocios aquí y eliminen la dependencia de incentivos y exoneraciones contributivas federales, para lo cual no hay ambiente en Washington D.C.

El sector privado tiene, en este escenario, un papel estelar para elevar el nivel de la actividad productiva. Con ello cuenta el gobierno para mover el rumbo hacia los proyectos de innovación y tecnología, y aumentar la exportación de bienes y servicios en el mundo globalizado por la vía de estímulos a la inversión. Es aquí donde es pertinente la revisión del sistema de créditos e incentivos para que estén en función del empleo y la actividad económica. Identificar cuáles son los segmentos que pueden traer nuevo capital es igualmente importante.

Así las cosas, algunos de los puntos esbozados requieren reexamen, como el proyecto del Puerto de Ponce. Determinar por qué no ha progresado en más de veinte años y evaluar su viabilidad evitarían repetir errores.

El plan de desarrollo económico tiene que ir a la par que el de la reconstrucción. La ecuación incluye, por fuerza, la estabilización de las finanzas públicas por medio de una revisión del plan fiscal a largo plazo que abra paso al mercado de bonos. Este tiene que ser realista, fundamentado en proyecciones certeras e implantado con valentía, haciendo frente a las fuerzas políticas que han dado paso a presupuestos deficitarios y al endeudamiento irresponsable. Trabajar mano a mano con la Junta de Supervisión Fiscal, armonizando visiones y estrategias, se torna esencial en este contexto. Las señales que vienen del Congreso apuntan a que este organismo tendrá injerencia y responsabilidad en el uso de los dineros federales para la recuperación.

Por ello es importante implantar una agenda que sea ejecutable y valiente, que entrelace los planes fiscal, de desarrollo económico y de recuperación en la dirección que genere empleos y actividad económica. Para ello es necesario un gobierno facilitador y con disciplina fiscal, y un sector privado fortalecido.

Hay que eliminar lo que ha demostrado que no funciona, como las exoneraciones sin misión social que no se traducen ni en dinero ni en empleos; y las leyes que han creado gruesas capas de burocracia que repelen la inversión.

Emprender una agenda de reformas allanará el camino para las condiciones que atraigan capital nuevo. La principal es obviamente la energética, con claro impacto en todos los demás sectores. La contributiva debe poner la mira en potenciar la inversión local mediante un sistema de incentivos y tasas tributarias más sencillo, transparente y eficiente que el actual.

No hay mejor invitación a la inversión nueva que una zapata propia, confiable y sostenible sobre la cual edificar el nuevo Puerto Rico.

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