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El país requiere una estructura fiscal ordenada

Con la auditoría forense sobre las cuentas del gobierno, anunciada por la Junta de Supervisión Fiscal ayer, Puerto Rico tiene la oportunidad de orientarse hacia la creación de una estructura fiscal ordenada que integre y dé coherencia al flujo de fondos públicos.

De inmediato, ese análisis debe facilitar el proceso para recibir el préstamo federal aprobado por el Congreso, de $4,900 millones, para atender la primera fase de la recuperación. También debe dar luz al Plan Fiscal que regirá la revitalización. Y deberá producir acciones y legislación que simplifiquen la fiscalización efectiva de los fondos públicos, desde que ingresan hasta su desembolso, en tiempo real.

La Junta anunció la auditoría antes de finalizar su primera vista como parte de la necesaria investigación sobre la liquidez del gobierno local. Un equipo independiente hará el análisis forense y compilará un inventario de las cuentas bancarias del gobierno, equivalentes a efectivo, e inversiones junto con sus respectivos balances de cuenta. Además de conocer sobre las prácticas de manejo de efectivo, el organismo busca entender las fuentes, usos y restricciones legales de los fondos.

Con la comparecencia de 11 ponentes, actuales y pasados jefes de agencias relacionadas al manejo del presupuesto público, la vista permitió conocer importantes disloques que han erosionado las finanzas del país. Entre estos, la descentralización en la administración del dinero público. Esto añade incongruencias en el uso y multiplica el gasto en oficinas de presupuesto por cada agencia, que son paralelas e inconexas. La descentralización es base para la multiplicidad de tecnologías de contabilidad que impiden armonizar balances, y dificultan la visibilidad de ingresos y gastos desde las agencias fiscalizadoras.

El gasto excesivo en nómina y las inconsistencias en desembolsos que provoca el actual sistema de salud fueron otros factores mencionados que abonan al descalabro presupuestario, cultivado por décadas debido a la falta de rigor.

Un mal que urge trascender, incluso en el proceso actual de auditar y proponer, es la indeseable costumbre de desechar la memoria institucional con cada cambio de administración interna o de gobierno. Un ejemplo dramático, expuesto en la vista, es el caso del Departamento de Hacienda, que ha tenido una veintena de secretarios en 16 años. Con cada cambio de secretario, cambia el personal, lo que le resta continuidad a una función crucial para el país.

Y se señaló como común la práctica de pagar con un presupuesto servicios correspondientes al periodo fiscal previo. Semejante imprudencia administrativa se repite en agencias como el Departamento de Educación, que recibe la mayor tajada del presupuesto de Puerto Rico.

Los diagnósticos esbozados son un valioso mapa para corregir, desde su raíz, problemas históricos. De la propia Junta surgieron propuestas, como la de legislar para penalizar a funcionarios en su carácter personal porel mal manejo del recurso público.

Una vez concluya la auditoría forense anunciada, los resultados deben ser analizados con detenimiento por la Asamblea Legislativa. Las recomendaciones que surjan de la investigación deben marcar la agenda legislativa, tantas veces entretenida en atender síntomas en vez de las causas.

Durante la vista se destacó el ánimo de colaboración mutua entre el gobierno y los miembros de la Junta, en el proceso de auditar la liquidez de Puerto Rico. También mostraron disposición a trabajar juntos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para liberar el préstamo de emergencia.

Tras meses que han agudizado la angustia colectiva, la grave presión económica y el agotamiento fiscal, los pasos encaminados por la Junta y la apertura del gobierno a obrar con transparencia representan destellos de luz. Convertir en acciones concretas las lecciones que surjan del análisis forense insuflará confianza y responsabilidad al manejo del dinero de los contribuyentes.

En esa confianza, que se fortalecerá con la práctica sostenida de una administración presupuestaria responsable, descansa el potencial de que Puerto Rico resurja transformado.

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