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El Plan Fiscal debe incluir la meta de acceso al capital

La ruta fiscal que Puerto Rico emprenda tiene que dar señales claras de su intención de regresar a los mercados de capital. La forma evidente de transmitir ese mensaje al mercado de valores y al gobierno federal es separando una partida presupuestaria para abonar al pago de la deuda pública, que ronda los $72,000 millones.

Pero dicha partida no está contenida en la nueva propuesta de Plan Fiscal a cinco años que el gobierno puertorriqueño acaba de presentar ante la Junta de Supervisión Fiscal con miras a su certificación en febrero.

El mensaje del cumplimiento de las obligaciones que Puerto Rico debe transmitir se distorsiona también con la incertidumbre provocada por los supuestos económicos en los que se basa el plan. Uno señalado por economistas es que las tasas de crecimiento contempladas resultan inusitadamente optimistas, tras una aguda baja en solo meses, sin mayores explicaciones.

Llama la atención, además, que el Plan revisado se apoya en los desembolsos federales con los que el gobierno espera nutrir las arcas presupuestarias. El documento básicamente descansa sobre $57,200 millones que la Administración Rosselló espera que ingresen a la economía. Las fuentes son el programa de Asistencia por Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y los desembolsos de las aseguradoras producto de las reclamaciones por el huracán María. Aunque se concretaran los desembolsos, estos no serían recurrentes.

El retraso en el desembolso de las partidas federales asignadas a la recuperación de la emergencia está atado a la falta de credibilidad y transparencia que pesa sobre el manejo local de los fondos.

Otro elemento que contribuye a la incertidumbre es que el Plan descarta un presupuesto equilibrado hasta 2022 y anticipa un déficit acumulado de entre $2,000 millones y $3,000 millones.

Ante este panorama, es preciso reflexionar. Un país sin acceso a los mercados de capital le cierra las puertas a su futuro económico. Utilizada en inversiones productivas, los empréstitos abonan al desarrollo. Se necesitan para impulsar iniciativas de actividad económica, realizar obras capitales de rehabilitación, sobre todo de la infraestructura devastada por el evento ciclónico.

El impago a los acreedores desvía de los objetivos de la ley federal Promesa que establecieron el Congreso y la Casa Blanca como parte de la misión de restituir la salud financiera de Puerto Rico. La nueva propuesta fiscal no incluye previsiones en la eventualidad de que la jueza Laura Taylor Swain ordene cumplir con algún tipo de pago a la deuda.

Al mismo tiempo, la coyuntura difícil que la isla vive la obliga a dar sus propios pasos certeros para regresar a las condiciones que provean los recursos para cumplir con las obligaciones.

En ese sentido, la reorganización pública, con proyecciones de $3,000 millones en ahorros en cinco años, la apertura a una participación más activa del sector privado en la creación de empleo, y las iniciativas para revitalizar la actividad económica con incentivos propios, son esfuerzos plasmados en el Plan entregado a la Junta.

Bien encaminados, pueden respaldar la ecuación de recuperación. Pero son insuficientes sin acciones que abonen a la confianza de los mercados de valores en Puerto Rico.

El Plan revisado diseñado por la Administración Rosselló constituye un primer paso en la nueva discusión de la ruta presupuestaria y de reconstrucción económica que habrá de seguir Puerto Rico en los escenarios pos huracán. Es importante que se conciba como un instrumento de impacto en el desarrollo económico.

La comunicación productiva entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal será crucial para proporcionar a la isla un mapa fiscal y económico viable. Esperamos que el diálogo permita el diseño de una abarcadora agenda fiscal a tono con los indicadores correctos para impulsar el desarrollo futuro de nuestro país.

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